miércoles, 2 de julio de 2014 0 comentarios

De “la tierra es de quien la trabaja “a la tierra es de quien la perfora.



Por: Víctor M. Quintana.

En todo el país se está celebrando el centenario de la Toma de Zacatecas, hito de la Revolución Mexicana iniciada en 1910, que marcó el triunfo de las expresiones más populares y agrarias de ese movimiento armado, como fueron las de Villa y Zapata. Si este último convocó a los campesinos a la lucha bajo la divisa: “La tierra es de quien la trabaja”, ahora, el Gobierno de Peña Nieto conmemoran el centenario, precarizando, si no es que prácticamente anulando el derecho de los campesinos, las comunidades indias y los pequeños agricultores a la tierra.

Esto se consuma al discutirse en el Senado las iniciativas de leyes en materia energética que van a concretar la reforma de la Constitución aprobada en diciembre pasado por el partido de Peña Nieto, el PRI, los pequeños partidos aliados a él y la mayoría del PAN. Dicha reforma da pie a la privatización de los hidrocarburos y la generación de energía eléctrica, hasta ahora propiedad de la Nación mexicana.

Si de por sí, La Ley Minera vigente, promulgada en 1992, declara que “La exploración, explotación y beneficio de los minerales o sustancias a que se refiere esta ley, son de utilidad pública, serán preferentes sobre cualquier otro uso o aprovechamiento del terreno…” (Art. 6), ahora, el concepto de preferencia, de primacía sobre cualquier otro uso se extenderá a toda actividad extractiva.

En efecto, de acuerdo a los dictámenes aprobados hasta ahora en las comisiones respectivas en el Senado, la exploración y la extracción de hidrocarburos se consideran actividad estratégica, de interés social y de orden público. Además, se introduce el concepto de “servidumbre” para las instalaciones petroleras, de hidrocarburos, mineras y eléctricas, lo que hará que no sólo las comunidades y particulares cuyo subsuelo sea rico en minerales o hidrocarburos, o en aguas termales sean eventualmente expropiados, sino también aquellas en donde se requiera la construcción de instalaciones, ductos y líneas de transmisión para dichas actividades.

Las consecuencias de aprobarse como vienen los dictámenes avalados por el PRI, sus aliados y la mayoría del PAN, son muy graves:

Las y los mexicanos y sus comunidades pasan a ser de facto ciudadanos de segunda, pues los derechos de explotación de hidrocarburos y minerales, además de las servidumbres, en manos de compañías extranjera, tendrán primacía sobre todos sus derechos humanos, individuales y comunitarios, estableciendo una grave contradicción con el espíritu y la letra la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, comenzando por su Artículo 1º que garantiza el pleno disfrute de todos los derechos humanos.

La apropiación de la mayor parte del territorio mexicano y la invasión de compañías de energía o mineras extranjeras se acelerará notablemente. Aun sin las reformas, hay que tener en cuenta que 56 millones de hectáreas, más de la cuarta parte del territorio nacional, están concesionadas a empresas, extranjeras en su mayoría. Si ya México es evaluado por la Survey of Mining Companies 2009-2010 como el segundo país más favorable para la inversión minera, sólo debajo de Chile, con las reformas, los legisladores del PRI y del PAN harán que se supere entreguismo a la herencia pinochetista. Dijo por ahí un senador que hay que profundizar las reformas en materia minera “…para que se impulse debidamente a este sector de la economía.” Y, sin embargo, tan sólo entre 2000 y 2010 se extrajeron de las entrañas de este país, 419 mil 97 kilogramos de oro, más del doble del todo el oro que se extrajo durante los trescientos años de la colonización española: 1521-1830: 191 mil 825 kilos. (Juan Luis Sariego: Extractivismo y sustentabilidad: la conflictiva actual en la minería mexicana)

La primacía de los usos de la tierra para la extracción de hidrocarburos, agua y minerales, así como de las servidumbres afectará seriamente la producción de alimentos, sobre todo de la agricultura campesina, la indígena y las diversas formas de agricultura familiar. Si en la actualidad la superficie cultivada de México asciende a 21 millones de hectáreas, menos de la mitad de la superficie concesionada para la minería, es de temerse que esa superficie disminuirá, lo mismo que la producción de alimentos. Y seguirá con la terrible tendencia ya establecida desde el inicio del Tratado de Libre Comercio de América del Norte: el país exportará energía para comprar muy cara la comida que aquí se puede producir. El derecho a la alimentación será aun más lejano para una mayoría creciente de mexicanos. Se perderá aún más la soberanía alimentaria y no se logrará construir la soberanía energética pues los principales productores de energía no serán las empresas y consorcios mexicanos, sino las trasnacionales.

Además de poner en grave peligro el derecho a la alimentación de las y los mexicanos, los efectos de las leyes secundarias en materia energética como las tratan de imponer el PRI y la mayoría del PAN, atentan contra el derecho humano a un medio ambiente limpio. La minería a cielo abierto, la perforación por medio de la fracturación hidráulica para extraer el gas de lutita o esquisto, o simplemente de petróleo, acarrearán de inmediato graves perjuicios al medio ambiente y a la salud de la población. También agotarán los mantos acuíferos en las zonas donde hay más escasez de agua.

Las reformas en materia de hidrocarburos, energía eléctrica y geotermia promueven el extractivismo irresponsable y no sustentable. Si este país ya es uno de los primeros lugares mundiales en exportación de mano de obra, ahora se colocará como el líder indiscutido de la exportación de la naturaleza. Cuando de todos lados, activistas, artistas, movimientos sociales, científicos, alzan millones de voces clamando por un cambio civilizatorio, por una transformación sustancial en nuestros modos de consumo, en nuestro uso de las energías, en la disminución de los gases que provocan el calentamiento global, Peña Nieto, el PRI, y la mayoría del PAN o ignoran todo esto o lo subordinan a sus mezquinos intereses electorales y o económicos.

Más allá del entreguismo, más allá del antinacionalismo, el espíritu de estas leyes secundarias, alberga una concepción machista de la tierra: algo que hay que usar, violentar, perforar, remover y vender. No se concibe a la tierra, de acuerdo a Leonardo Boff como “Madre que debe ser amada, respetada y cuidada... con la que hay que hacer un contrato natural que dará sostenibilidad a nuestro planeta”, según nos lo enseñan los pueblos indios.

El gobierno de Peña Nieto, su partido, sus aliados y la mayoría del PAN piensa que con estas leyes secundarias de conveniencia están dando un salto hacia el futuro. Todo lo contrario, están encadenando a este país a un modo civilizatorio que rezuma la muerte por todos los poros.
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Gacha nuestra Calaca.

Gacha nuestra Calaca. 
 Por: @Vegdelanoche
Profunda descomposición moral impera en el presente mexicano. El agandalle desde el poder se ha convertido en norma. La poderosa fuerza del sistema avasalla voluntades, cooptándolas, domesticándolas o reprimiéndolas. A partir de la imposición de Felipe Calderón, los mexicanos atestiguamos el advenimiento de un país que no podía ser. El imperio de la violencia, nos mostró el rostro de un país bárbaro y absurdo. La elección con la que el PRI compró su retorno, evidenció la inmensa indignidad de una enorme masa de ciudadanos que por miseria, económica o moral, vendieron su voto al peor y único postor. Quienes de buena fe votaron por el tiranosaurio con la esperanza de que las cosas se normalizarían, seguramente ya se dieron cuenta de su ingenuidad.

Sería un consuelo afirmar que el país está estancado y no se mueve ni para atrás ni para adelante. La violencia aún ensangrienta y enluta al país, las reformas estructurales que puntualmente instrumentan el PRI y sus aliados (la derecha que no teme decir su nombre y la que simula ser izquierda), han embarcado a México en un proceso regresivo que golpea y golpea la educación laica y gratuita, los derechos laborales, el derecho a manifestarse y protestar, el derecho a la verdad que nos deben funcionarios y medios de comunicación, el derecho a disfrutar de nuestros recursos naturales, que ahora con el mayor cinismo son entregados al gran capital que gobierna al planeta.

La realidad que padecemos es imposible. Avanzamos de forma tan incierta como los niños migrantes que se dirigen al norte. O tan estúpidamente como quien nomás porque sí, se lanza al mar desde la cubierta de un crucero. ¿Y la clase política? ¡Bien gracias! Su accionar respecto a la patria puede ejemplificarse con la bárbara, irracional, imperdonable felonía que un par de ex-asambleístas del PAN y sus cuates realizaron tras la eliminación de la selección nacional del mundial de futbol, propinando abusivos tocamientos a una chica brasileña y golpeando después a su acompañante. Los rufianes fueron detenidos y podrían ser condenados, de dos a ocho años de prisión, por la justicia brasileña. Acá, sus pares gozan de total impunidad y, sin el menor recato, siguen metiendo mano a una patria exhausta, y pasando por encima de quien se les ponga enfrente. ¡Gacha nuestra calaca!

@Vegdelanoche

Nota editorial leída el 1° de julio de 2014 en #LosAtractivosDeLaNoche, programa de radioamlo.org, que se transmite los miércoles de diez de la noche a una de la mañana.
miércoles, 11 de junio de 2014 0 comentarios

En defensa de la propiedad social en el campo mexicano.




Por: Alfredo Acedo

En esta coyuntura de definiciones, las organizaciones campesinas apuestan a la unidad para definir su programa para la reforma rural que México necesita, y han lanzado una iniciativa de encuentros independientes del gobierno, por considerar que la consulta para la reforma del campo impulsada por la administración federal no reconoce al campesinado como sujeto principal del proceso.

El gobierno lanzó un programa de siete foros nacionales temáticos que inició este mes y termina el 17 de julio. Programó también 6 foros regionales y 32 estatales entre mayo y junio. La consulta oficial concluye el 30 de julio con un foro nacional global en la Ciudad de México.

Pero si Arquímedes fuera gobernante mexicano podría decir: “dadme una consulta amañada y legitimaré un mundo”. El clamor general campesino es que “la organización unilateral desde el aparato público de esos foros favorece las voces coincidentes con las propuestas gubernamentales, elimina disidencias, excluye o reduce a su mínima expresión la presencia de voces críticas de la situación actual de desigualdad y concentración de beneficios en ciertos segmentos de agricultores”, tal como dice un documento de circulación para el consenso entre dirigentes, el cual se hará público en breve.

La Unión Nacional de Organizaciones Regionales Campesinas Autónomas (UNORCA) decidió hace unos días no participar en los foros convocados por el gobierno al estimar que se trata de una farsa que intenta legitimar decisiones ya tomadas tendientes a profundizar la privatización del campo.

Jesús Durán Vera, dirigente de la Unión Campesina Democrática y coordinador del Congreso Agrario Permanente, organismo que incluye a la mayoría de las organizaciones campesinas, incluso las cercanas al gobierno, informó que están elaborando un documento de trabajo y programando cinco encuentros campesinos.

Serán dos encuentros nacionales en el Distrito Federal (el primero el 29 de mayo) y tres regionales en el Norte, El Bajío y el Sureste del país, de los cuales emanará la propuesta programática de las organizaciones campesinas. Participarán también en los encuentros el Consejo Nacional de Organizaciones Rurales y Pesqueras y algunas organizaciones del Consejo Nacional de Organizaciones Campesinas.

No hemos visto resultados favorables en la producción de alimentos a partir de las perversas políticas públicas vigentes que apoyan sólo a los grandes productores, por eso, a pesar de los recursos destinados al campo, la pobreza y el hambre siguen acentuándose, dijo Durán.

El ex dirigente de la Confederación Nacional Campesina y actual procurador Agrario, Cruz López Aguilar, anfitrión de la reunión donde estuvo Durán junto con representantes de varias organizaciones, reconoció que los campesinos no pueden ganar batallas en los foros gubernamentales porque “ahí se imponen los poderosos”.

El reformador

El 5 de marzo, el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, anunció el arranque de su reforma al campo, supuestamente para volverlo más productivo, rentable y digno. Para las organizaciones campesinas que no confían en las intenciones del régimen, el anuncio sonó como advertencia: de inmediato se pusieron en guardia.

Peña afirmó que su gobierno “no ha propuesto, ni propondrá, iniciativa alguna que modifique el régimen de propiedad social que hay en nuestro país”, lo cual no lo compromete a fortalecer al ejido y la comunidad ni lo exime de impulsar la privatización de los territorios codiciados que aún están en manos campesinas.

La palabra del presidente es una moneda más devaluada que el peso. No es posible olvidar que después de negar reiteradamente el carácter privatizador de su reforma energética, ésta desembocó en la entrega del petróleo a las trasnacionales.

De hecho, entre las declaraciones del presidente ese día, fue un engaño afirmar que la secretaría de Agricultura ejercerá este año el presupuesto más alto de su historia, 82 mil 900 millones de pesos, cuando se sabe que el incremento de 10 por ciento respecto a 2013 proviene de recursos tomados de programas de otras secretarías.

El presidente dijo que convocaría a “foros y espacios de diálogo y propuestas a organizaciones campesinas, a los propios campesinos, y todos quienes están inscritos bajo las tres modalidades de régimen de propiedad que consagra nuestra Constitución, para conocer su experiencia.”

El secretario de agricultura Enrique Martínez, menos obligado a cuidar las formas, declaró el 14 de enero que uno de los caminos para elevar la productividad del campo es “buscar en esas reformas jurídicas un tránsito más rápido de la propiedad social a la propiedad privada”, y lamentaba, muy preocupado, que “desde que se hizo la reforma de 1992 al 27 constitucional, solamente el 3% de la propiedad ha pasado de un régimen a otro”.

No hace falta gran imaginación para prever el sentido de la reforma anunciada. El gobierno, una administración tras otra, se ha mostrado flojito y cooperando al facilitar la entrega de recursos y territorios, reformando leyes y cancelando derechos de la población para abrir los espacios exigidos por la inversión extranjera de la industria extractiva trasnacional. Es el caso de concesiones y contratos otorgados a empresas mineras y petroleras.

Nada más adecuado para tales propósitos que privatizar el ejido y la propiedad comunal —régimen social de tenencia de la tierra que abarca aún a la mitad del territorio nacional—, disfrazados bajo el discurso de hacer del campo “un espacio digno para quienes viven y dependen de él”.

Las intenciones gubernamentales quedan más claras cuando se analiza el contenido de las iniciativas de leyes secundarias de la reforma energética presentadas recientemente al Congreso, en las que, por ejemplo, el Artículo 91 de la iniciativa de Ley de Hidrocarburos establece:

"La industria de Hidrocarburos a que se refiere esta Ley es de utilidad pública. Procederá la constitución de servidumbres, la ocupación o afectación superficial, o la expropiación de los terrenos necesarios para la realización de las actividades de la industria de Hidrocarburos, conforme a la Ley de Expropiación y demás disposiciones aplicables en los casos en los que la Nación lo requiera."

De ese modo los territorios de ejidos y comunidades pasarán fácilmente a poder de las empresas trasnacionales al darle la reforma prioridad a la explotación de hidrocarburos, la cual "tendrá preferencia sobre cualquier otra actividad que implique el aprovechamiento de la superficie y del subsuelo".

Saldos del TLCAN

Las condiciones del campo mexicano ya son de por sí lamentables. Después de 20 años de libre mercado, la sociedad rural mexicana está exhausta. La apertura comercial unilateral y abrupta más la eliminación del sistema de precios de garantía crearon una situación en la que los costos de producción superaron a los precios de los productos, causando la caída en la rentabilidad de las actividades agropecuarias.

El desmantelamiento de las políticas públicas de fomento a la producción campesina convirtió al país en importador neto de alimentos e incrementó la pobreza en la sociedad rural. El campo cuenta con unos 30 millones de habitantes: 81% pobres, 37% en pobreza extrema; de los 28 millones de hambrientos en el país, casi 20 millones viven en el campo.

De los apoyos gubernamentales que sobreviven, más del 60 por ciento benefician a sólo 17 mil de los más de seis millones de productores del campo.

La economía se fue a pique. De 1934 a 1982 el PIB había crecido a una tasa media superior al 6 por ciento anual. En la etapa del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, la tasa media de crecimiento anual del PIB por habitante es menor a 1%. También se profundizó notablemente la desigualdad social.

En términos de comercio exterior, el gran derrotado ha sido el sector agropecuario mexicano que pasó de una balanza comercial positiva en 1991 (cuando México exportaba a EEUU 2,373 millones de dólares e importaba 2,131), a una negativa en 2012 cuando exportó 18 mil 219.771 mdd e importó 22 mil 255.440 (déficit de más de 4 mil mdd). En enero de este año el déficit ascendía a tres mil 195 mdd, con importaciones totales por más de 30 mil mdd.

Los grandes ganones del TLCAN son la agroindustria cervecera y tequilera que concentra alrededor del 20% de las exportaciones, el sector hortícola (28%), el del ganado bovino en pie (6.3%) y las maquiladoras, la mayor parte de estos sectores concentrada en grandes productores nacionales y extranjeros.

La producción de granos y oleaginosas creció por debajo del incremento poblacional. De 1985 a 2008 la población se incrementó en 40.7% y la producción en 26.8%.

La importación legalmente registrada de maíz pasó de 2.6 millones de toneladas en 1995, a más de 10 millones el año pasado.

En arroz, de 1989 a la fecha, vino de la autosuficiencia a producir sólo 10% del consumo interno del grano (un millón 200 mil toneladas).

En el caso de la leche en polvo, México es el primer importador del mundo; compra además al exterior el 95 por ciento del soya que consume, el 53 por ciento del trigo, el 40 por ciento de la carne de res y cerdo, el 30 por ciento del frijol. La dependencia alimentaria admitida oficialmente es de 45%.

Debido al retraimiento y desaparición de instituciones como Conasupo, Diconsa y Almacenes Nacionales de Depósito, el mercado interno ha quedado en manos de las trasnacionales y la comercialización agroalimentaria fue monopolizada.

El resultado de la política agropecuaria durante la vigencia del modelo neoliberal ha sido la extensión y consolidación del control de Estados Unidos sobre el mercado agroalimentario mexicano. El abasto de alimentos en las grandes ciudades está en manos de Walmart, en tanto Cargill y un puñado de empresas concentran más del 60 por ciento de la comercialización de los cultivos básicos.

Monsanto, DuPont y un puñado de trasnacionales monopolizan el mercado de semillas y presionan fuertemente para introducir su maíz transgénico.

El aumento de conflictos sociales y violencia en el país está directamente relacionado con la puesta en marcha de las políticas de libre mercado pues la devastación económica y ambiental que han producido arrebata a la gente sus medios de subsistencia tradicional y la arroja a las actividades criminales y la economía informal.

El libre mercado modificó los patrones de alimentación y consumo. La presente generación ha sido seriamente dañada, un 70 por ciento de las personas padecen sobrepeso y obesidad, y durante buena parte de su vida sufrirán alguna discapacidad y eventualmente morirán pronto a causa de diabetes o enfermedad cardiovascular.

En los primeros cinco años de vigencia del TLCAN, de 1994 a 1998, la inversión directa de EE.UU. en las industrias de alimentos y bebidas de México casi se cuadruplicó, pasando de 2.3 a cerca de 9 mil millones de dólares. Entre 2002 y 2007, la inversión directa estadunidense en las empresas de bebidas mexicanas se elevó a casi 6 mil millones con un 35 por ciento de incremento.

En 2012, los cereales industrializados, aceites y derivados cárnicos asociados con la obesidad, la diabetes y otras enfermedades relacionadas con la dieta representaron el 75 por ciento de las importaciones desde los Estados Unidos.

En síntesis, tenemos un país dominado por el gran capital trasnacional, con pérdida de soberanía alimentaria, y con una sociedad rural desarticulada, diezmada por la migración y el crecimiento de la pobreza y el hambre.

Esta es la situación que el gobierno pretende enfrentar con la privatización de territorios ejidales y comunales.

En defensa del ejido y la comunidad campesina

En cambio, los representantes de la clase campesina organizada demandan restituir a la propiedad ejidal el carácter de patrimonio familiar imprescriptible, inalienable e inembargable y eliminar la facultad de las sociedades mercantiles de poseer predios rústicos.

La contrarreforma del 6 de enero de 1992 que modificó el Artículo 27 Constitucional, además de desaparecer las garantías mencionadas, autorizó que las empresas sean propietarias de predios 25 veces mayores a los límites de la pequeña propiedad, con lo cual pueden concentrar superficies de 2 mil 500 hectáreas de riego, 20 mil de bosque y 312 mil para explotación ganadera.

El ejido es una dotación de tierra en calidad de propiedad social de uso individual o colectivo que tiene raíces prehispánicas y recibió impulso con el reparto de latifundios en el Siglo XX, una de las principales banderas de la Revolución Mexicana, consolidada en la década de los 30, en el gobierno del general Cárdenas.

Ahora en el campo existen unos 31 mil ejidos y comunidades, con 5.6 millones de sujetos de derecho, 3.8 millones de jornaleros, 2.4 millones de avecindados y 1.4 millones de posesionarios.

El modelo neoliberal a partir de los años 80 agudizó la crisis del campo y provocó otra fase de concentración de tierras en manos de los antiguos latifundistas mediante el arrendamiento de parcelas ejidales, de ahí que una de las demandas del movimiento campesino sea dotar de fondos al Programa para Recuperación de Tierras Ejidales Rentadas.

Otro punto de consenso unánime es el financiamiento accesible para los pequeños y medianos productores mediante una banca de desarrollo para el campo.

La lista incluye elevar a rango constitucional la soberanía alimentaria, incentivar el establecimiento de prácticas agroecológicas y prohibir todo cultivo de maíz transgénico en territorio nacional.

Reglamentar los derechos constitucionales a la alimentación, al ambiente sano y al agua así como la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, aprobada desde el año 2000.

Crear un Programa Nacional Alimentario basado en la producción social de alimentos para acabar con el hambre y la dependencia alimentaria y crear una reserva estratégica de alimentos y un sistema de abasto, almacenaje y comercialización.

Demanda imprescindible es erradicar los monopolios agroalimentarios nacionales y extranjeros y regular la exportación e importación de granos básicos así como cambiar de fondo la orientación del gasto público rural.

La reforma al campo deberá garantizar los derechos de los pueblos indígenas y solucionar los conflictos mineros en favor de las comunidades y hay quienes están convencidos de que muchas de estas demandas no podrán avanzar sin renegociar el TLCAN con el fin de cancelar su capítulo agropecuario.

La UNORCA aprobó en su reunión de coordinadora nacional realizar plantones y tomas de edificios gubernamentales para defender estas demandas, y Durán, por separado, coincidió en que “si el autoritarismo quiere imponerse, pasaremos dignamente a la resistencia y a la movilización”.
viernes, 30 de mayo de 2014 0 comentarios

El trabajo académico, el asalto neoliberal a las universidades y cómo debería ser la educación superior.

El trabajo académico, el asalto neoliberal a las universidades y cómo debería ser la educación superior.
Por: Noam Chomsky

Lo que sigue es la traducción castellana de una transcripción editada en inglés de un conjunto de observaciones realizadas por Noam Chomsky vía Skype el pasado 4 de febrero para una reunión de afiliados y simpatizantes del sindicato universitario asociado a la Unión de Trabajadores del Acero (Adjunct Faculty Association of the United Steelworkers) en Pittsburgh, PA. Las manifestaciones del profesor Chomsky se produjeron en respuesta a preguntas de  Robin Clarke, Adam Davis, David Hoinski, Maria Somma, Robin J. Sowards, Matthew Ussia y Joshua Zelesnick. La transcripción escrita de las respuestas orales la realizó Robin J. Sowards y la edición y redacción corrió a cargo del propio Noam Chomsky.


Sobre la contratación temporal de profesores y la desaparición de la carrera académica

Eso es parte del modelo de negocio. Es lo mismo que la contratación de temporales en la industria o lo que los de Wall Mart llaman “asociados”, empleados sin derechos sociales ni cobertura sanitaria o de desempleo, a fin de reducir costes laborales e incrementar el servilismo laboral. Cuando las universidades se convierten en empresas, como ha venido ocurriendo harto sistemáticamente durante la última generación como parte de un asalto neoliberal general a la población, su modelo de negocio entraña que lo que importa es la línea de base. Los propietarios efectivos son los fiduciarios (o la legislatura, en el caso de las universidades públicas de los estados federados), y lo que quieren mantener los costos bajos y asegurarse de que el personal laboral es dócil y obediente. Y en substancia, la formas de hacer eso son los temporales. Así como la contratación de trabajadores temporales se ha disparado en el período neoliberal, en la universidad estamos asistiendo al mismo fenómeno. La idea es dividir a la sociedad en dos grupos. A uno de los grupos se le llama a veces “plutonomía” (una palabra usada por Citibank cuando hacía publicidad entre sus inversores sobre la mejor forma de invertir fondos), el sector en la cúspide de una riqueza global pero concentrada sobre todo en sitios como los EEUU. El otro grupo, el resto de la población, es un “precariado”, gentes que viven una existencia precaria.

Esa idea asoma de vez en cuando de forma abierta. Así, por ejemplo, cuando Alan Greenspan testificó ante el Congreso en 1997 sobre las maravillas de la economía que estaba dirigiendo, dijo redondamente que una de las bases de su éxito económico era que estaba imponiendo lo que él mismo llamó “una mayor inseguridad en los trabajadores”. Si los trabajadores están más inseguros, eso es muy “sano” para la sociedad, porque si los trabajadores están inseguros, no exigirán aumentos salariales, no irán a la huelga, no reclamarán derechos sociales: servirán a sus amos tan donosa como pasivamente. Y eso es óptimo para la salud económica de las grandes empresas. En su día, a todo el mundo le pareció muy razonable el comentario de Greenspan, a juzgar por la falta de reacciones y los aplausos registrados. Bueno, pues transfieran eso a las universidades: ¿cómo conseguir una mayor “inseguridad” de los trabajadores? Esencialmente, no garantizándoles el empleo, manteniendo a la gente pendiente de un hilo que puede cortarse en cualquier momento, de manera que mejor que estén con la boca cerrada, acepten salarios ínfimos y hagan su trabajo; y si por ventura se les permite servir bajo tan miserables condiciones durante un año más, que se den con un canto en los dientes y no pidan más. Esa es la manera como se consiguen sociedades eficientes y sanas desde el punto de vista de las empresas. Y en la medida en que las universidades avanzan por la vía de un modelo de negocio empresarial, la precariedad es exactamente lo que se impone. Y más que veremos en lo venidero.

Ese es un aspecto, pero otros aspectos que resultan también harto familiares en la industria privada: señaladamente, el aumento de estratos administrativos y burocráticos. Si tienes que controlar la gente, tienes que disponer de una fuerza administrativa que lo haga. Así, en la industria norteamericana más que en cualquier otra parte, se acumula estrato ad administrativo tras estrato administrativo: una suerte de despilfarro económico, pero útil para el control y la dominación. Y lo mismo vale para las universidades. En los pasados 30 0 40 años se ha registrado un aumento drástico en la proporción del personal administrativo en relación el profesorado y los estudiantes de las facultades: profesorado y estudiantes han mantenido la proporción entre ellos, pero la proporción de administrativos se ha disparado. Un conocido sociólogo, Benjamin Ginsberg, ha escrito un muy buen libro titulado The Fall of the Faculty: The Rise of the All-Administrative University and Why It Matters (Oxford University Press, 2011), en el que se describe con detalle el estilo empresarial de administración y niveles burocráticos multiplicados. Ni que decir tiene, con administradores profesionales más que bien pagados: los decanos, por ejemplo, que antes solían miembros de la facultad que dejaban la labor docente para servir como gestores con la idea de reintegrarse a la facultad al cabo de unos años. Ahora son todos profesionales, que tienen que contratar a vicedecanos, secretarios, etc., etc., toda la proliferación de estructura que va con los administradores. Todo eso es otro aspecto del modelo empresarial.

Pero servirse de trabajo barato –y vulnerable— es una práctica de negocio que se remonta a los inicios mismos de la empresa privada, y los sindicatos nacieron respondiendo a eso. En las universidades, trabajo barato, vulnerable, significa ayudantes y estudiantes graduados. Los estudiantes graduados son todavía más vulnerables, huelga decirlo, La idea es transferir la instrucción a trabajadores precarios, lo que mejora la disciplina y el control, pero también permite la transferencia de fondos a otros fines muy distintos de la educación. Los costos, claro está, los pagan los estudiantes y las gentes que se ven arrastradas a esos puestos de trabajo vulnerables. Pero es un rasgo típico de una sociedad dirigida por la mentalidad empresarial transferir los costos a la gente. Los economistas cooperan tácitamente en eso. Así, por ejemplo, imaginen que descubren un error en su cuenta corriente y llaman al banco para tratar de enmendarlo. Bueno, ya saben ustedes lo que pasa. Usted les llama por teléfono, y le sale un contestador automático con un mensaje grabado que le dice: “Le queremos mucho, y ahí tiene un menú”. Tal vez le menú ofrecido contiene lo que usted busca, tal vez no. Si acierta a elegir la opción ofrecida correcta, lo que escucha a continuación es una musiquita, y de rato en rato una voz que le dice: “Por favor, no se retire, estamos encantados de servirle”, y así por el estilo. Al final, transcurrido un buen tiempo, una voz humana a la que poder plantearle una breve cuestión. A eso los economistas le llaman “eficiencia”. Con medidas económicas, ese sistema reduce los costos laborales del banco; huelga decir que le carga los costos a usted, y esos costos han de multiplicarse por el número de usuarios, que puede ser enorme: pero eso no cuenta como coste en el cálculo económico. Y si miran ustedes cómo funciona la sociedad, encuentran eso por doquiera. Del mismo modo, la universidad impone costos a los estudiantes y a un personal docente que, además e tenerlo apartado de la carrera académica, se le mantiene en una condición que garantiza un porvenir sin seguridad. Todo eso resulta perfectamente natural en los modelos de negocio empresariales. Es nefasto para la educación, pero su objetivo no es la educación.

En efecto, si echamos una mirada más retrospectiva, la cosa se revela más profunda todavía. Cuando todo esto empezó, a comienzos de los 70, suscitaba mucha preocupación en todo el espectro político establecido el activismo de los 60, comúnmente conocidos como “la época de los líos”. Fue una “época de líos” porque el país se estaba civilizando [con las luchas por los derechos civiles], y eso siempre es peligroso. La gente se estaba politizando y se comprometía con la conquista de derechos para los grupos llamados “de intereses especiales”: las mujeres, los trabajadores, los campesinos, los jóvenes, los viejos, etc. Eso llevó a una grave reacción, conducida de forma prácticamente abierta. En el lado de la izquierda liberal del establishment, tenemos un libro llamado The Crisis of Democracy: Report on the Governability of Democracies to the Trilateral Commission, compilado por Michel Crozier, Samuel P. Huntington y Joji Watanuki (New York University Press, 1975) y patrocinado por la Comisión Trilateral una organización de liberales internacionalistas. Casi toda la administración Carter se reclutó entre sus filas. Estaban preocupados por lo que ellos llamaban la “crisis de la democracia” y que no dimanaba de otra cosa del exceso de democracia. En los 60 la población –los “intereses especiales” mencionados— presionaba para conquistar derechos dentro de la arena política, lo que se traducía en demasiada presión sobre el Estado: no podía ser. Había un interés especial que dejaban de lado, y es a saber: el del sector granempresarial; porque sus intereses coinciden con el “interés nacional”. Se supone que el sector graempresarial controla al Estado, de modo que no hay ni que hablar de sus intereses. Pero los “intereses especiales” causaban problemas, y estos caballeros llegaron a la conclusión de que “tenemos que tener más moderación en la democracia”: el público tenía que volver a ser pasivo y regresar a la apatía. De particular preocupación les resultaban las escuelas y las universidades, que, decían, no cumplían bien su tarea de “adoctrinar a los jóvenes” convenientemente: el activismo estudiantil –el movimiento de derechos civiles, el movimiento antibelicista, el movimiento feminista, los movimientos ambientalistas— probaba que los jóvenes no estaban correctamente adoctrinados.

Bien, ¿cómo adoctrinar a los jóvenes? Hay más de una forma. Una forma es cargarlos con deudas desesperadamente pesadas para sufragar sus estudios. La deuda es una trampa, especialmente la deuda estudiantil, que es enorme, mucho más grande que el volumen de deuda acumulada en las tarjetas de crédito. Es una trampa para el resto de su vida porque las leyes están diseñadas para que no puedan salir de ella. Si, digamos, una empresa incurre en demasiada deuda, puede declararse en quiebra. Pero si los estudiantes suspenden pagos, nunca podrán conseguir una tarjeta de la seguridad social. Es una técnica de disciplinamiento. No digo yo que eso se hiciera así con tal propósito, pero desde luego tiene ese efecto. Y resulta harto difícil de defender en términos económicos. Miren ustedes un poco lo que pasa por el mundo: la educación superior es en casi todas partes gratuita. En los países con los mejores niveles educativos, Finlandia (que anda en cabeza), pongamos por caso, la educación superior es pública y gratuita. Y en un país rico y exitoso como Alemania es pública y gratuita. En México, un país pobre que, sin embargo, tiene niveles de educación muy decentes si atendemos a las dificultades económicas a las que se enfrenta, es pública y gratuita. Pero miren lo que pasa en los EEUU: si nos remontamos a los 40 y los 50, la educación superior se acercaba mucho a la gratuidad. La Ley GI ofreció educación superior gratuita a una gran cantidad de gente que jamás habría podido acceder a la universidad. Fue muy bueno para ellos y fue muy bueno para la economía y para la sociedad; fue parte de las causas que explican la elevada tasa de crecimiento económico. Incluso en las entidades privadas, la educación llegó a ser prácticamente gratuita. Yo, por ejemplo: entré en la facultad en 1945, en una universidad de la Ivy League, la Universidad de Pensilvania, y la matrícula costaba 100 dólares. Eso serían unos 800 dólares de hoy. Y era muy fácil acceder a una beca, de modo que podías vivir en casa, trabajar e ir a la facultad, sin que te costara nada. Lo que ahora ocurre es ultrajante. Tengo nietos en la universidad que tienen que pagar la matrícula y trabajar, y es casi imposible. Para los estudiantes, eso es una técnica disciplinaria.

Y otra técnica de adoctrinamiento es cortar el contacto de los estudiantes con el personal docente: clases grandes, profesores temporales que, sobrecargados de tareas, apenas pueden vivir con un salario de ayudantes. Y puesto que no tienes seguridad en el puesto de trabajo, no puedes construir una carrera, no puedes irte a otro sitio y conseguir más. Todas esas son técnicas de disciplinamiento, de adoctrinamiento y de control. Y es muy similar a lo que uno espera que ocurra en una fábrica, en la que los trabajadores fabriles han de ser disciplinados, han de ser obedientes; y se supone que no deben desempeñar ningún papel en, digamos, la organización de la producción o en la determinación del funcionamiento de la planta de trabajo: eso es cosa de los ejecutivos. Esto se transfiere ahora a las universidades. Y yo creo que nadie que tenga algo de experiencia en la empresa privada y en la industria debería sorprenderse; así trabajan.

Sobre cómo debería ser la educación superior

Para empezar, deberíamos desechar toda idea de que alguna vez hubo una “edad de oro”. Las cosas eran distintas, y en ciertos sentidos, mejores en el pasado, pero distaban mucho de ser perfectas. Las universidades tradicionales eran, por ejemplo, extremadamente jerárquicas, con muy poca participación democrática en la toma de decisiones. Una parte del activismo de los 60 consistió en el intento de democratizar las universidades, de incorporar, digamos, a representantes estudiantiles a las juntas de facultad, de animar al personal no docente a participar. Esos esfuerzos se hicieron por iniciativa de los estudiantes, y no dejaron de tener cierto éxito. La mayoría de universidades disfrutan ahora de algún grado de participación estudiantil en las decisiones de las facultades. Y yo creo que ese es el tipo de cosas que deberíamos ahora seguir promoviendo: una institución democrática en la que la gente que está en la institución, cualquiera que sea (profesores ordinarios, estudiantes, personal no docente) participan en la determinación de la naturaleza de la institución y de su funcionamiento; y lo mismo vale para las fábricas.

No son estas ideas de izquierda radical, por cierto. Proceden directamente del liberalismo clásico. Si leéis, por ejemplo, a John Stuart Mill, una figura capital de la tradición liberal clásica, verán que daba por descontado que los puestos de trabajo tenían que ser gestionados y controlados por la gente que trabajaba en ellos: eso es libertad y democracia (véase, por ejemplo, John Stuart Mill, Principles of Political Economy, book 4, ch. 7). Vemos las mismas ideas en los EEUU. En los Caballeros del Trabajo, pongamos por caso: uno de los objetivos declaradis de esta organización era “instituir organizaciones cooperativas que tiendan a superar el sistema salarial introduciendo un sistema industrial cooperativo” (véase la “Founding Ceremony” para las nuevas asociaciones locales). O piénsese en alguien como John Dewey, un filósofo social de la corriente principal del siglo XX, quien no sólo abogó por una educación encaminada a la independencia creativa, sino también por el control obrero en la industria, lo que él llamaba “democracia industrial”. Decía que hasta tanto las instituciones cruciales de la sociedad –producción, comercio, transporte, medios de comunicación— no estén bajo control democrático, la “política [será] la sombra proyectada en el conjunto de la sociedad por la gran empresa” (John Dewey, “The Need for a New Party” [1931]). Esta idea es casi elemental, y echa raíces profundas en la historia norteamericana y en el liberalismo clásico; debería constituir una suerte de segunda naturaleza de la gente, y debería valer igualmente para las universidades. Hay ciertas decisiones en una universidad donde no puedes querer transparencia democrática porque tienes que preservar la privacidad estudiantil, pongamos por caso, y hay varios tipos de asuntos sensibles, pero en el grueso de la actividad universitaria normal no hay razón para no considerar la participación directa como algo, no ya legítimo, sino útil. En mi departamento, por ejemplo, hemos tenido durante 40 años representantes estudiantiles que proporcionaban una valiosa ayuda con su participación en las reuniones de departamento.

Sobre la “gobernanza compartida” y el control obrero

La universidad es probablemente la institución social que más se acerca en nuestra sociedad al control obrero democrático. Dentro de un departamento, por ejemplo, es bastante normal que al menos para los profesores ordinarios tenga capacidad para determinar una parte substancial de las tareas que conforman su trabajo: qué van a enseñar, cuando van a dar las clases, cuál será el programa. Y el grueso de las decisiones sobre el trabajo efectuado en la facultad caen en buena medida bajo el control del profesorado ordinario. Ahora, ni que decir tiene, hay un nivel administrativo superior al que no puedes ni eludir ni controlar. La facultad puede recomendar a alguien para ser profesor titular, pongamos por caso, y estrellarse contra el criterio de los decanos o del rector, o incluso de los patronos o de los legisladores. No es que ocurra muy a menudo, pero puede ocurrir y ocurre. Y eso es parte de la estructura de fondo que, aun cuando siempre ha existido, era un problema menor en los tiempos en que la administración salía elegida por la facultad y era en principio revocable por la facultad. En un sistema representativo, necesitas tener a alguien haciendo labores administrativas, pero tiene que poder ser revocable, sometido como está a la autoridad de las gentes a las que administra. Eso es cada vez menos verdad. Hay más y más administradores profesionales, estrato sobre estrato, con más y más posiciones cada vez más remotas del control de las facultades. Me referí antes a The Fall of the Faculty de Benjamin Ginsberg, un libro que entra en un montón de detalles sobre el funcionamiento de varias universidades a las que sometió a puntilloso escrutinio: Johns Hopkins, Cornell y muchas otras.

El profesorado universitario ha venido siendo más y más reducido a la categoría de trabajadores temporales a los que se asegura una precaria existencia sin acceso a la carrera académica. Tengo conocidos que son, en efecto, lectores permanente; no han logrado el estatus de profesores ordinarios; tienen que concursar cada año para poder ser contratados otra vez. No deberían ocurrir estas cosas, no deberíamos permitirlo. Y en el caso de los ayudantes, la cosa se ha institucionalizado: no se les permite ser miembros del aparato de toma de decisiones y se les excluye de la seguridad en el puesto de trabajo, lo que no sirve sino para amplificar el problema. Yo creo que el personal no docente debería ser integrado también en la toma de decisiones, porque también forman parte de la universidad. Así que hay un montón que hacer, pero creo que se puede entender fácilmente por qué se desarrollan esas tendencias. Son parte de la imposición del modelo de negocios en todos y cada uno de los aspectos de la vida. Esa es la ideología neoliberal bajo la que el grueso del mundo ha estado viviendo en los últimos 40 años. Es muy dañina para la gente, y ha habido resistencias a ella. Y es digno de mención el que al menos dos partes del mundo han logrado en cierta medida escapar de ella: el Este asiático, que nunca la aceptó realmente, y la América del Sur de los últimos 15 años.

Sobre la pretendida necesidad de “flexibilidad”

“Flexibilidad” es una palabra muy familiar para los trabajadores industriales. Parte de la llamada “reforma laboral” consiste en hacer más “flexible” el trabajo, en facilitar la contratación y el despido de la gente. También esto es un modo de asegurar la maximización del beneficio y el control. Se supone que la “flexibilidad” es una buena cosa, igual que la “mayor inseguridad de los trabajadores”. Dejando ahora de lado la industria, para la que vale lo mismo, en las universidades eso carece de toda justificación. Pongamos un caso en el que se registra submatriculación en algún sitio. No es un gran problema. Una de mis hijas enseña en una universidad; la otra noche me llamó y me contó que su carga lectiva cambiaba porque uno de los cursos ofrecidos había registrado menos matrículas de las previstas. De acuerdo, el mundo no se acabará, se limitaron a reestructurar el plan docente: enseñas otro curso, o una sección extra, o algo por el estilo. No hay que echar a la gente o hacer inseguro su puesto de trabajo a causa de la variación del número de matriculados en los cursos. Hay mil formas de ajustarse a esa variación. La idea de que el trabajo debe someterse a las condiciones de la “flexibilidad” no es sino otra técnica corriente de control y dominación. ¿Por qué no hablan de despedir a los administradores si no hay nada para ellos este semestre? O a los patronos: ¿para qué sirven? La situación es la misma para los altos ejecutivos de la industria; si el trabajo tiene que ser flexible, ¿por qué no la gestión ejecutiva? El grueso de los altos ejecutivos son harto inútiles y aun dañinos, así que ¡librémonos de ellos! Y así indefinidamente. Sólo para comentar noticias de estos últimos días, pongamos el caso de Jamie Dimon, el presidente del consejo de administración del banco JP Morgan Chase: acaba de recibir un substancial incremento en sus emolumentos, casi el doble de su paga habitual, en agradecimiento por haber salvado al banco de las acusaciones penales que habrían mandado a la cárcel a sus altos ejecutivos: todo quedó en multas por un monto de 20 mil millones de dólares por actividades delictivas probadas. Bien, podemos imaginar que librar de alguien así podría ser útil para la economía. Pero no se habla de eso cuando se habla de ”reforma laboral”. Se habla de gente trabajadora que tiene que sufrir, y tiene que sufrir por inseguridad, por no saber de donde sacarán el pan mañana: así se les disciplina y se les hace obedientes para que no cuestionen nada ni exijan sus derechos. Esa es la forma de operar de los sistemas tiránicos. Y el mundo de los negocios es un sistema tiránico. Cuando se impone a las universidades, te das cuenta de que refleja las mismas ideas. No debería ser un secreto.

Sobre el propósito de la educación

Se trata de debates que se retrotraen a la Ilustración, cuando se plantearon realmente las cuestiones de la educación superior y de la educación de masas, no sólo la educación para el clero y la aristocracia. Y hubo básicamente dos modelos en discusión en los siglos XVIII y XIX. Se discutieron con energía harto evocativa. Una imagen de la educación era la de un vaso que se llena, digamos, de agua. Es lo que ahora llamamos “enseñar para el examen”: viertes agua en el vaso y luego el vaso devuelve el agua. Pero es un vaso bastante agujereado, como todos hemos tenido ocasión de experimentar en la escuela: memorizas algo en lo que no tienes mucho interés para poder pasar un examen, y al cabo de una semana has olvidado de qué iba el curso. El modelo de vaso ahora se llama “ningún niño a la zaga”, “enseñar para el examen”, “carrera a la cumbre”, y cosas por el estilo en las distintas universidades. Los pensadores de la Ilustración se opusieron a ese modelo.

El otro modelo se describía como lanzar una cuerda por la que el estudiante pueda ir progresando a su manera y por propia iniciativa, tal vez sacudiendo la cuerda, tal vez decidiendo ir a otro sitio, tal vez planteando cuestiones. Lanzar la cuerda significa imponer cierto tipo de estructura. Así, un programa educativo, cualquiera que sea, un curso de física o de algo, no funciona como funciona cualquier otra cosa; tiene cierta estructura. Pero su objetivo consiste en que el estudiante adquiera la capacidad para inquirir, para crear, para innovar, para desafiar: eso es la educación. Un físico mundialmente célebre cuando, en sus cursos para primero de carrera, se le preguntaba “¿qué parte del programa cubriremos este semestre?”, contestaba: “no importa lo que cubramos, lo que importa es lo que descubráis vosotros”. Tenéis que ganar la capacidad y la autoconfianza en esta asignatura para desafiar y crear e innovar, y así aprenderéis; así haréis vuestro el material y seguir adelante. No es cosa de acumular una serie fijada de hechos que luego podáis soltar por escrito en un examen para olvidarlos al día siguiente.

Son dos modelos radicalmente distintos de educación. El ideal de la Ilustración era el segundo, y yo creo que el ideal al que deberíamos aspirar. En eso consiste la educación de verdad, desde el jardín de infancia hasta la universidad. Lo cierto es que hay programas de ese tipo para los jardines de infancia, y bastante buenos.

Sobre el amor a la docencia

Queremos, desde luego, gente, profesores y estudiantes, comprometidos en actividades que resulten satisfactorias, disfrutables, actividades que sean desafíos, que resulten apasionantes. Yo no creo que eso sea tan difícil. Hasta los niños pequeños son creativos, inquisitivos, quieren saber cosas, quieren entenderlas, y a no ser que te saquen eso a la fuerza de la cabeza, el anhelo perdura de por vida. Si tienes oportunidades para desarrollar esos compromisos y preocuparte por esas cosas, son las más satisfactorias de la vida. Y eso vale lo mismo para el investigador en física que para el carpintero; toenes que intentar crear algo valioso, lidiar con problemas difíciles y resolverlos. Yo creo que que eso es lo que hace del trabajo el tipo de actividad que quieres hacer; y la haces aun cuando no estés obligado a hacerla. En una universidad que funcione razonablemente, encontrarás gente que trabaja todo el tiempo porque les gusta lo que hacen; es lo que quieren hacer; se les ha dado la oportunidad, tienen los recursos, se les ha animado a ser libres e independientes y creativos: ¿qué mejor que eso? Y eso también puede hacerse en cualquier nivel.

Vale la pena reflexionar un poco sobre algunos de los programas educativos imaginativos y creativos que se desarrollan en los distintos niveles. Así, por ejemplo, el otro día alguien me contaba de un programa que usa en las facultades, un programa de ciencia en el que se plantea a los estudiantes una interesante cuestión: “¿Cómo puede ser que un mosquito vuela bajo la lluvia?” Difícil cuestión, cuando se piensa un poco en ella. Si algo impactara en un ser humano con la fuerza de una gota de agua que alcanza a un mosquito, lo abatiría inmediatamente. ¿Cómo puede, pues, el mosquito evitar el aplastamiento inmediato? ¿Cómo puede seguir volando? Si quieres seguir dándole vueltas a este asunto –dificilísimo asunto—, tienes que hacer incursiones en las matemáticas, en la física y en la biología y plantearte cuestiones lo suficientemente difíciles como para verlas como un desafío que despierta la necesidad de responderlas.

Eso es lo que debería ser la educación en todos los niveles, desde el jardín de infancia. Hay programas para jardines de infancia en los que se da a cada niño, por ejemplo, una colección de pequeñas piezas: guijarros, conchas, semillas y cosas por el estilo. Se propone entonces a la clase la tarea de descubrir cuáles son las semillas. Empieza con lo que llaman una “conferencia científica”: los nenes hablan entre sí y tratan de imaginarse cuáles son semillas. Y, claro, hay algún maestro que orienta, pero la idea es dejar que los niños vayan pensando. Luego de un rato, intentan varios experimentos tendentes a averiguar cuáles son las semillas. Se le da a cada niño una lupa y, con ayuda del maestro, rompe una semilla y mira dentro y encuentra el embrión que hace crecer a la semilla. Esos niños aprenden realmente algo: no sólo algo sobre las semillas y sobre lo que las hace crecer; también aprenden algo sobre los procesos de descubrimiento. Aprenden a gozar con el descubrimiento y la creación, y eso es lo que te permitirá comportarte de manera independiente fuera del aula, fuera del curso.

Lo mismo vale para toda la educación, hasta la universidad. En un seminario universitario razonable, no esperas que los estudiantes tomen apuntes literales y repitan todo lo que tu digas; lo que esperas es que te digan si te equivocas, o que vengan con nuevas ideas desafiantes, que abran caminos que no habían sido pensados antes. Eso es lo que es la educación en todos los niveles. No consiste en instilar información en la cabeza de alguien que luego la recitará, sino que consiste en capacitar a la gente para que lleguen a ser personas creativas e independientes y puedan encontrar gusto en el descubrimiento y la creación y la creatividad a cualquier nivel o en cualesquiera dominios a los que les lleven sus intereses.

Sobre el uso de la retórica empresarial contra el asalto empresarial a la universidad

Eso es como plantearse la tarea de justificar ante el propietario de esclavos que nadie debería ser esclavo. Estáis aquí en un nivel de la indagación moral en el que resulta harto difícil encontrar respuestas. Somos seres humanos con derechos humanos. Es bueno para el individuo, es bueno para la sociedad y hasta es bueno para la economía en sentido estrecho el que la gente sea creativa e independiente y libre. Todo el mundo sale ganando de que la gente sea capaz de participar, de controlar sus destinos, de trabajar con otros: puede que eso no maximice los beneficios ni la dominación, pero ¿por qué tendríamos que preocuparnos de esos valores?

Un consejo a las organizaciones sindicales de los profesores precarios


Ya sabéis mejor que yo lo que hay que hacer, el tipo de problemas a los que os enfrentáis. Seguid adelante y haced lo que tengáis que hacer. No os dejéis intimidar, no os amedrentéis, y reconoced que el futuro puede estar en nuestras manos si queremos que lo esté..
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Las autodefensas, mediatizadas, domesticadas y controladas por el gobierno.

Por: Pedro Echeverría V.

1. El movimiento armado de “autodefensas” de Michoacán (MAAM) -que según él surgió para combatir al narcotráfico e impedir secuestros e impuestos por protección- después de 15 meses de nacido y transformarse en una fuerza de más de dos mil elementos, fue domesticado y convertido en fuerzas rurales al servicio del gobierno. El 10 de mayo –día de la madre- lo obligaron a entregar sus armas y firmar contrato con el gobierno sin siquiera conocer el salario que les pagarían. ¡Qué mayor triunfo de los campesinos de las “autodefensas” al conseguir un empleo como soldado o guardia rural en estos años que el desempleo en el país crece aceleradamente¡ Con ello el gobierno demostró su enorme capacidad domesticadora.

2. El MAAM se ha dividido por cuestiones personales (no ideológicas) pero pronto será reunificado por la enorme capacidad controladora del gobierno. Se pensó ilusamente que las “autodefensas”, en algún momento, se convertirían en luchadores sociales en defensa de la economía y la política de los pueblos; pero no fueron otra cosa que pequeñas chispas insignificantes e incapaces de incendiar la pradera. Eso demuestra que en política no hay que dejarse llevar por las emociones; que hay que reunir muchos elementos para conocer la realidad. Ya lo planteaba hace dos semanas cuando el profesor Pitufo declaró que había sido convencido y estaba dispuesto a uniformarse junto a los militares del gobierno.

3. Con el arma en su regazo, Estanislao Beltrán (Papá Pitufo) escucha al hombre que le acaba de entregar el R-15, el uniforme azul de policía rural que es nuevo; su barba no deja ver si el vocero de las autodefensas hace gestos cuando el comisionado federal Alfredo Castillo encomia la participación de las novísimas fuerzas rurales en la detención, el viernes 9, de 155 personas que se hacían ostentar falsamente como autodefensas, como representantes del pueblo. El gobierno obtuvo un nuevo triunfo con el juramento de fidelidad de muchas autodefensas. No tenían otra salida teniendo ambos la misma tarea, a pesar de que aún quedan algunas que no han contratado y juramentado. Pero muy pronto lo harán.

4. Las llamadas “autodefensas” –como preví y escribí hace tres meses, en el sentido de que no tenían otra salida- ya forman parte directa del gobierno; fueron “convencidas”, contratadas y uniformadas. Ahora son “guardias o policías rurales” con uniformes, armas, salario y poder. Sigue ahora que el gobierno instale en el país, en cada región o pueblo, la policía montada o motorizada rural que se encargue de evitar (con el pretexto de la lucha contra la delincuencia) cualquier movimiento de protesta o descontento. Sería un nuevo tipo de fascismo: un modelo no cruelmente represivo como el de Hitler, Mussolini, Franco o Pinochet, pero sí amenazante para que con su sola presencia garantice que nadie proteste o se mueva.

5. Fue el mismo pretexto que usó Calderón en 2006 cuando mandó al ejército a las calles con el fin de intimidar y derrotar el lópezobradorismo cuya rebeldía en su máxima expresión entonces, parecía imparable. ¿Quién se enfrentaría a un ejército con órdenes de reprimir? La invasión del ejército a Michoacán en 2006 fue un reto al PRD que gobernaba, pero al mismo tiempo un aviso a los jefes de los narcotraficantes para que se escondan y se reorganicen. Así comenzó en ese sexenio la “lucha contra el narco” que al terminar el gobierno de Calderón en 2012 llevaba ya más de 100 mil asesinatos de frente y “colaterales”; pero concluyó su sexenio, asimiló al PRD, debilitó a AMLO y a la izquierda y realizó buenos negocios.

6. El PAN de Calderón, al poner al ejército en las calles, fue realmente una excepción política. La historia ha enseñado que la estrategia de la clase política dominante en México, desde hace un siglo, se basa mucho más en la mediatización, la compra y el control de la “oposición” que en la represión brutal. Más que en los gobiernos de Madero y Carranza, la manipulación de los movimientos de masas se opera durante los regímenes de Obregón, Calles y Cárdenas. ¿Puede olvidarse acaso que la creación de leyes obrero-patronales y de organizaciones de trabajadores –incluso de organismos empresariales- fueron propiciadas por la clase política burguesa en el poder? Antes que la burguesía empresarial, a partir de 1982 se adueñara de México, la burguesía política tenía el poder.

7. En décadas he pensado que es más difícil levantar al pueblo contra un régimen político mediatizador o manipulador como el mexicano que contra un régimen abiertamente tiránico, represor brutal, como el de los militares fascistas; sin embargo se puede ver que tampoco donde los pueblos tienen un enemigo claro, descarado, indudable, se puede hacer nada importante mientras los gobiernos yanquis vivan apoyando a las clases dominantes. Pareciera que los gobiernos de la burguesía, sean militaristas o demagogos sólo caerán cuando los fuerzas del imperio se derrumben. Los gobiernos asesinos de Franco y Pinochet vivieron 36 y 19 años, asesinaron a cientos o miles y no fueron derrocados; murieron en paz y dejaron herederos.

8. Pero también se uniforma el pensamiento y la ideología usando a los medios de información y la iglesia. ¿No se recuerda acaso que cuando se acusó a los mandatarios yanquis de apoyar gobiernos militares, asesinos y dictadores, como los Trujillo, Somoza, Duvalier, Strossner, Batista, Videla, Pinochet, ellos siempre respondieron: sí, los apoyamos, pero son nuestros gobiernos, nuestros dictadores; nosotros los controlamos, a nosotros nos sirven y decidimos sobre ellos. Por el contrario si en Venezuela, Bolivia, Ecuador, Argentina el pueblo elige, incluso con supervisión de comisionados de gobiernos extranjeros, no son gobiernos democráticos porque se niegan a obedecer sus órdenes y lo critican como imperio.

9. No sólo se uniforman a las autodefensas; también se uniforma el pensamiento de los políticos, los medios de información y la opinión pública para que el coro del capitalismo, del consumismo, del pacifismo y la sumisión silencien todas las voces diferentes. La clase dominante busca extender el pensamiento único y uniforme con el fin de enterrar la protesta y la rebeldía. En México, autodefensas, partidos de derecha, centro, socialdemócratas, “intelectuales”, artistas, han sido fáciles de mediatizar. Parece que los cambios revolucionarios sólo han sido y serán de coyuntura política y no se registrarán con la profundidad que se requiere. La desaparición de las autodefensas es un triunfo más del gobierno.
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Monsanto, la semilla del diablo.


Monsanto, la semilla del diablo. 

Por: Esther Vivas.

"La semilla del diablo", así fue como el popular presentador del canal estadounidense HBO Bill Maher bautizó, en uno de sus programas y en referencia al debate sobre los Organismos Genéticamente Modificados, a la multinacional Monsanto. ¿Por qué? ¿Se trata de una afirmación exagerada? ¿Qué esconde esta gran empresa de la industria de las semillas? El domingo pasado, precisamente, se celebró la jornada global de lucha contra Monsanto. Miles de personas en todo el planeta se manifestaron contra las políticas de la compañía.
Monsanto es una de las empresas más grandes del mundo y la número uno en semillas transgénicas, el 90% de los cultivos modifica dos genéticamente en el mundo cuentan con sus rasgos biotecnológicos . Un poder total y absoluto. Asimismo, Monsanto está a la cabeza de la comercialización de semillas, y controla el 26% del mercado. A más distancia, la sigue DuPont-Pioneer, con un 18%, y Syngenta, con un 9%. Solo estas tres emp resas dominan más de la mitad, el 53%, de las semillas que se compran y venden a escala mundial. Las diez grandes, controlan el 75% del mercado, según datos del Grupo ETC. Lo que les da un poder enorme a la hora de imponer qué se cultiva y, en consecuencia, qué se come. Una concentración empresarial que ha ido en aumento en los últimos años y que erosiona la seguridad alimentaria.

La avaricia de estas empresas no tiene límites y su objetivo es acabar con variedades de semillas locales y antiguas, aún hoy con un peso muy significativo especialmente en las comunidades rurales de los países del Sur. Unas semillas autóctonas que representan una competencia para las híbridas y transgénicas de las multinacionales, las cuales privatizan la vida, impiden al campesinado obtener sus propias simientes, los convierten en "esclavos" de las compañías privadas, a parte de su negativo impacto medioambiental, con la contaminación de otros cultivos, y en la salud de las personas. Monsanto no ha escatimado recursos para acabar con las semillas campesinas: demandas legales contra agricultores que intentan conservarlas, patentes monopólicas, desarrollo de tecnología de esterilización genética de simientes, etc. Se trata de controlar la esencia de los alimentos, y aumentar así su cuota de negocio.

La introducción en los países del Sur, en particular en aquellos con vastas comunidades campesinas capaces todavía de proveerse de semillas propias, es una prioridad para estas compañías. De este modo, las multinacionales semilleras han int ensificado las adquisiciones y alianzas con empresas del sector principalmente en África e India, han apostado po r cultivos destinados a los mercados del Sur Global y han promovido políticas para desalentar la reserva de simientes. Monsanto, como reconoce su principal rival DuPont-Pioneer, es el "guardián único" del mercado de semillas, controlando, por ejemplo, el 98% de la comercialización de soja transgénica tolerante a herbicida y el 79% del maíz, como recoge el informe ¿Quién controla los insumos agrícolas? Lo que le da suficiente poder como para determinar el precio de las simientes con independencia de sus competidores.

De las simientes a los agrotóxicos

Sin embargo, Monsanto no tiene suficiente con controlar las semillas sino que, para cerrar el círculo, busca dominar también aquello que se aplica a su cultivo: los agrotóxicos. Monsanto es la quinta empresa agroquímica mundial y controla el 7% del mercado de insecticidas, herbicidas, fungidas, etc., por detrás de otras empresas, líderes a la vez en el mercado de las simientes, como Syngenta que domina el 23% del negocio de los agrotóxicos, Bayer el 17%, BASF el 12% y Dow Agrosciences casi el 10%. Cinco empresas controlan así el 69% de los pesticidas químicos de síntesis que se aplican a los cultivos a escala mundial. Los mismos que venden al campesinado las semillas híbridas y transgénicas son los que les suministran los pesticidas a aplicar. Negocio redondo.

El impacto medioambiental y en la salud de las personas es dramático. A pesar de que las empresas del sector señalan el carácter "amigable" de estos productos con la naturaleza, la realidad es justo todo lo contrario. Hoy, tras años de suministro del herbicida de Monsanto Roundup Ready, a base de glifosato, que ya en 1976 fue el herbicida más vendido del mundo, según datos de la misma compañía, y que se aplica a las semillas de Monsanto modificadas genéticamente para tolerar dicho herbicida mientras que éste acaba con la maleza, varias son las hierbas que han desarrollado resistencias. Solo en Estados Unidos, se estima que han aparecido unas 130 malezas resistentes a herbicidas en 4,45 millones de hectáreas de cultivos, según datos del Grupo ETC. Lo que ha llevado a un aumento del uso de agrotóxicos, con aplicaciones más frecuentes y dosis más elevadas, para combatirlas, con la consiguiente contaminación ambiental del entorno.

Las denuncias de campesinos y comunidades afectadas por el uso sistemático de pesticidas químicos de síntesis es una constante. En Francia, el Parkinson es incluso considerado una enfermedad laboral agrícola causada por el uso de agrotóxicos, después que el campesino Paul François ganará la batalla judicial contra Monsanto, en el Tribunal de Gran Instancia de Lyon en 2012, y consiguiera demostrar que su herbicida Lasso era responsable de haberlo intoxicado y dejado inválido. Una sentencia histórica, que permitió sentar jurisprudencia. El caso de las Madres de Ituzaingó, un barrio de las afueras de la ciudad argentina de Córdoba, rodeado de campos de soja, en lucha contra las fumigaciones es otro ejemplo. Tras diez años de denuncia, y después de ver como el número de enfermos de cáncer y niños con malformaciones en el barrio no hacía sino aumentar, de cinco mil habitantes dos cientos tenían cáncer, consiguieron demostrar el vínculo entre dichas enfermedades y los agroquímicos aplicados en las plantaciones sojeras de sus alrededores (endosulfán de DuPont y glifosato de Roundup Ready de Monsanto). La Justicia prohibió, gracias a su movilización, fumigar con agrotóxicos cerca de zonas urbanas. Estos son tan solo dos casos de los muchos que podemos encontrar en todo el planeta.

Ahora, los países del Sur son el nuevo objetivo de las empresas de agroquímicos. Mientras que las ventas globales de pesticidas descendieron en los años 2009 y 2010, su uso en los países de la periferia aumentó. En Bangladesh, por ejemplo, la aplicación de pesticidas creció un 328% en la década del 2000, con el consiguiente impacto en la salud de los campesinos. Entre 2004 y 2009, África y Medio Oriente tuvieron el mayor consumo de pesticidas. Y en América Central y del Sur se espera un aumento del consumo en los próximos años. En China, la producción de agroquímicos alcanzó en 2009 dos millones de toneladas, más del doble que en 2005, según recoge el informe ¿Quién controlará la economía verde? Business as usual.

Una historia de terror

Pero, ¿de dónde surge dicha empresa? Monsanto fue fundada en 1901 por el químico John Francis Queeny, proveniente de la industria farmacéutica. Su historia es la historia de la sacarina y el aspartamo, del PBC, del agente de naranja, de los transgénicos. Todos fabricados, a lo largo de los años, por dicha empresa. Una historia de terror.

Monsanto se constituyó como una empresa química y, en sus orígenes, su producto estrella era la sacarina, que distribuía para la industria alimentaria y, en particular, para Coca-Cola, del que fue uno de sus principales proveedores. Con los años, expandió su negocio a la química industrial, convirtiéndose, en la década de los 20, en uno de los mayores fabricantes de ácido sulfúrico. En 1935, absorbió a la empresa que comercializaba policloruro de bifenilo (PCB), utilizado en los transformadores de la industria eléctrica. En los 40, Monsanto centró su producción en los plásticos y las fibras sintéticas, y, en 1944, comenzó a producir químicos agrícolas como el pesticida DDT. En los 60, junto con otras empresas del sector como Dow Chemical, fue contratada por el gobierno de Estados Unidos para producir el herbicida agente naranja, que fue utilizado en la guerra de Vietnam. En este período, se fusionó, también, con la empresa Searla, descubridora del edulcorante no calórico aspartamo. Monsanto fue productora, asimismo, de la hormona sintética de crecimiento bovino somatotropina bovina. En la década de los 80 y 90, Monsanto apostó por la industria agroquímica y transgénica, hasta llegar a convertirse en la número uno indiscutible de las semillas modificadas genéticamente.

Actualmente, muchos de los productos made by Monsanto han sido prohibidos, como los PCB, el agente naranja o el DDT, acusados de provocar graves daños en la salud humana y el medio ambiente. Solo el agente naranja en la guerra de Vietnam fue responsable de decenas de miles de muertos y mutilados, así como de pequeños nacidos con malformaciones. La somatotropina bovina también está vetada en Canadá, la Unión Europea, Japón, Australia y Nueva Zelanda, a pesar de que se permite en los Estados Unidos. Lo mismo ocurre con el cultivo de transgénicos, omnipresente en Norte América, pero prohibido su cultivo en la mayoría de países europeos, a excepción, por ejemplo, del Estado español.

Monsanto, asimismo, se mueve como pez en el agua en las bambalinas del poder. Wikileaks lo dejó claro cuando filtró más de 900 mensajes que mostraban cómo la administración de Estados Unidos había gastado cuantiosos recursos públicos para promocionar a Monsanto y a los transgénicos en muchísimos países, a través de sus embajadas, su Departamento de Agricultura y su agencia de desarrollo USAID. La estrategia consistía y consiste en conferencias "técnicas" desinformando a periodistas, funcionarios y creadores de opinión, presiones bilaterales para adoptar legislaciones favorables y abrir mercado a las empresas del sector, etc. El gobierno español es en Europa el principal aliado de EEUU en dicha materia.

Plantar cara

Ante tanto despropósito, muchos no callan y plantan cara . Miles son las resistencias contra Monsanto en todo el mundo. El 25 de mayo ha sido declarado jornada de acción global contra dicha compañía y centenares de manifestaciones y acciones de protesta se llevan a cabo ese día alrededor del globo. En 2013 se realizó la primera convocatoria, miles de personas salieron a la calle en varias ciudades de 52 países distintos, desde Hungría hasta Chile pasando por Holanda, Estado español, Bélgica, Francia, Sudáfrica, Estados Unidos, entre otros, para mostrar el profundo rechazo a las políticas de la multinacional. El domingo pasado, día 25, la segunda convocatoria, menos concurrida, se llevó a cabo con acciones en 49 países.

América Latina es, en estos momentos, uno de los principales frentes de lucha contra la compañía. En Chile, la movilización logró, en marzo del 2014, la retirada de la conocida como Ley Monsanto que pretendía facilitar la privatización de la semillas locales y dejarlas a manos de la industria. Otra gran victoria fue en Colombia, un año antes, cuando el masivo paro agrario, en agosto del 2013, logró la suspensión de la Resolución 970, que obligaba a los campesinos a usar exclusivamente semillas privadas, compradas a las empresas del agronegocio, y les impedía guardar las suyas propias. En Argentina, los movimientos sociales están, asimismo, en pie contra otra Ley Monsanto, que pretende aprobarse en el país y subordinar la política nacional de semillas a las exigencias de las empresas transnacionales. Más de cien mil argentinos han firmado ya contra dicha ley en el marco de la campaña No a la Privatización de las Semillas.

En Europa, Monsanto quiere ahora aprovechar la grieta que abren las negociaciones del Tratado de Libre Comercio Unión Europea-Estados Unidos (TTIP) para presionar en función de sus intereses particulares y poder legislar por encima de la voluntad de los países miembros, muchos contrarios a la industria transgénica. Las resistencias en Europa contra el TTIP, esperemos, no se hagan esperar.

Monsanto es la semilla del diablo, sin lugar a dudas.
 
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