El Congreso Popular: tres observaciones

Por: Arsinoé Orihuela (Del “Colectivo La digna voz”)

La iniciativa del Congreso Popular que impulsan artistas e intelectuales, y cuya instalación está programada para el próximo 5 de febrero (97 aniversario de la promulgación de la Constitución de 1917), es una propuesta con un potencial insospechado, pero que sólo podrá alcanzar su cima transformacional si adopta posicionamientos políticos claros, teóricamente consistentes, éticamente firmes. Las buenas voluntades individuales no se traducen automáticamente en resultados deseables, especialmente cuando la trama en cuestión es la política. La arena pública atraviesa una confusión ideológica lacerante. Es necesario identificar los orígenes de esta confusión, como un primer paso en la definición de un programa y plan de acción.

La modernidad inauguró básicamente tres credos: el progreso, el Estado, y la razón (técnica, ciencia). Ninguna de las tres ideologías dominantes en la esfera política partidaria, a saber, conservadurismo (liberal), liberalismo, socialismo (liberal), torpe e imprecisamente escenificadas por el PAN, PRI y PRD, cuestiona seriamente alguno de estos credos. Adviértase que acá nadie objeta la pertinencia de valerse de los recursos que están al alcance de un movimiento en ciernes. Pero es fundamental arrancar esta moción protoparlamentaria con un orientación crítica sin contemplaciones, particularmente en relación con las generalidades programáticas e ideológicas, no pocas veces invisibles, que a menudo impulsan los partidos políticos: la noción destinal de la historia (progreso o la eterna promesa de un futuro mejor), la modernización sostenida en dispositivos de regulación o “reingeniería” de los comportamientos individuales, la obligatoriedad del Estado en la construcción de cánones de socialización, el frío cálculo de la racionalidad técnica para 

la administración de los recursos públicos. La falta de cuestionamiento a estas prescripciones, que involucra a las fuerzas e instituciones políticas más visibles, ha propiciado un desconcierto ciudadano en torno a los asuntos de orden público, inhabilitando la participación política activa de vastos segmentos sociales que advierten, no sin razón, una obstinada subrepresentación de sus preocupaciones, demandas e intereses, y una sobrerrepresentación de las mismas agendas que administración tras administración avanzan cualesquiera que sean los colores o idearios en el timón. En este sentido, el Congreso Popular debe fijar un posicionamiento claro, y contribuir, con base en acciones contundentes y no con discursos, a despejar la nebulosidad ideológica que prima en la arena política.

Aunque es evidente que esta moción nace como resultado de un posicionamiento político, que sin duda enriquecerá su posición en el transcurso de su gestación, es importante comenzar a reflexionar acerca de los asuntos que inevitablemente deberá abordar. Acá sólo se tocan tres.

I. La relación con los partidos políticos

La iniciativa del Congreso Popular se ampara en el artículo 39 constitucional, que establece: “La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno”.

Hasta acá todo va bien. El problema se presenta cuando se trata de establecer qué dispositivos o vehículos salvaguardarán la tenencia de la soberanía en manos del “pueblo”. Si los partidos políticos y/o el Estado no desempeñan más esa función (o acaso nunca la desempeñaron), ¿a que órganos corresponde la tarea de guarnecer la residencia de la llamada “soberanía popular”? Si no se reconceptualiza la noción de “pueblo” (e incluso la de “soberanía”), el peligro de tropezar en las ciénagas del liberalismo ideológico se hace más factible.

En este sentido, es fundamental establecer una postura en relación con los partidos, cuya caducidad o inutilidad, para los fines que acá se persiguen, es inexcusable. Y esto conduce a otro asunto medular: si los partidos son órganos de representación de un interés parcial (se asume que inescapablemente), ¿qué alternativa organizacional cabe reivindicar?

II. La relación con la iniciativa privada

Está implícito en esta propuesta extraoficial parlamentaria, que los partidos políticos, instituciones públicas y órganos de Estado representan intereses abreviados: a saber, los de la clase en el poder. Y aunque esta clase es aparentemente caleidoscópica (corporaciones foráneas, megabancos transnacionales, empresariado nacional, caciques regionales), está claro que el poder instituyente (el pueblo) carece de herramientas político-jurídicas para intervenir en procesos deliberativos que atañen a temas públicos, precisamente porque están centralizados en poderes privados, formal o fácticamente constituidos: vale decir, en una clase dominante, unificada en torno a contenidos cruciales.

El Congreso Popular debe contar con un programa que apunte a confiscar progresivamente esas facultades extraordinarias que usufructúan las esferas privadas con fines naturalmente privados. En suma, contribuir a frenar el régimen de prerrogativas privadas en aras de un auténtico derecho público.

III. La articulación con otras luchas

Otras iniciativas de contrapoder (o poder paralelo al poder oficial) han fracasado por una falta de acercamiento y coordinación con otras luchas análogas. La discrepancia entre las izquierdas que advierten algunos analistas, se debe no solo a diferencias facciosas o ideológicas, sino esencialmente a posicionamientos políticos irreconciliables que conciernen a condiciones materiales de vida. El Congreso Popular puede efectuar la tarea de vincular esta moción con otras, pero a partir de la identificación de un terreno común de reivindicaciones. La autonomía o autogobierno, y la propiedad pública sobre los recursos naturales, humanos e infraestructurales, son reclamos que incumben a una multiplicidad de movimientos, grupos y franjas poblacionales.

La reforma energética no puede ser el único factor de aglutinación. Es un suicidio político ceñirse a un solo programa unidimensional. En cambio, es políticamente inteligente extender los horizontes de esta iniciativa, y diversificar su campo de acción política.