Por: Alfredo
Acedo
En esta
coyuntura de definiciones, las organizaciones campesinas apuestan a la unidad
para definir su programa para la reforma rural que México necesita, y han
lanzado una iniciativa de encuentros independientes del gobierno, por
considerar que la consulta para la reforma del campo impulsada por la
administración federal no reconoce al campesinado como sujeto principal del
proceso.
El gobierno
lanzó un programa de siete foros nacionales temáticos que inició este mes y
termina el 17 de julio. Programó también 6 foros regionales y 32 estatales
entre mayo y junio. La consulta oficial concluye el 30 de julio con un foro
nacional global en la Ciudad de México.
Pero si
Arquímedes fuera gobernante mexicano podría decir: “dadme una consulta amañada
y legitimaré un mundo”. El clamor general campesino es que “la organización
unilateral desde el aparato público de esos foros favorece las voces
coincidentes con las propuestas gubernamentales, elimina disidencias, excluye o
reduce a su mínima expresión la presencia de voces críticas de la situación
actual de desigualdad y concentración de beneficios en ciertos segmentos de
agricultores”, tal como dice un documento de circulación para el consenso entre
dirigentes, el cual se hará público en breve.
La Unión
Nacional de Organizaciones Regionales Campesinas Autónomas (UNORCA) decidió
hace unos días no participar en los foros convocados por el gobierno al estimar
que se trata de una farsa que intenta legitimar decisiones ya tomadas
tendientes a profundizar la privatización del campo.
Jesús Durán
Vera, dirigente de la Unión Campesina Democrática y coordinador del Congreso
Agrario Permanente, organismo que incluye a la mayoría de las organizaciones
campesinas, incluso las cercanas al gobierno, informó que están elaborando un
documento de trabajo y programando cinco encuentros campesinos.
Serán dos
encuentros nacionales en el Distrito Federal (el primero el 29 de mayo) y tres
regionales en el Norte, El Bajío y el Sureste del país, de los cuales emanará
la propuesta programática de las organizaciones campesinas. Participarán
también en los encuentros el Consejo Nacional de Organizaciones Rurales y
Pesqueras y algunas organizaciones del Consejo Nacional de Organizaciones
Campesinas.
No hemos
visto resultados favorables en la producción de alimentos a partir de las
perversas políticas públicas vigentes que apoyan sólo a los grandes
productores, por eso, a pesar de los recursos destinados al campo, la pobreza y
el hambre siguen acentuándose, dijo Durán.
El ex
dirigente de la Confederación Nacional Campesina y actual procurador Agrario,
Cruz López Aguilar, anfitrión de la reunión donde estuvo Durán junto con
representantes de varias organizaciones, reconoció que los campesinos no pueden
ganar batallas en los foros gubernamentales porque “ahí se imponen los
poderosos”.
El
reformador
El 5 de
marzo, el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, anunció el arranque
de su reforma al campo, supuestamente para volverlo más productivo, rentable y
digno. Para las organizaciones campesinas que no confían en las intenciones del
régimen, el anuncio sonó como advertencia: de inmediato se pusieron en guardia.
Peña afirmó
que su gobierno “no ha propuesto, ni propondrá, iniciativa alguna que modifique
el régimen de propiedad social que hay en nuestro país”, lo cual no lo
compromete a fortalecer al ejido y la comunidad ni lo exime de impulsar la
privatización de los territorios codiciados que aún están en manos campesinas.
La palabra
del presidente es una moneda más devaluada que el peso. No es posible olvidar
que después de negar reiteradamente el carácter privatizador de su reforma
energética, ésta desembocó en la entrega del petróleo a las trasnacionales.
De hecho,
entre las declaraciones del presidente ese día, fue un engaño afirmar que la
secretaría de Agricultura ejercerá este año el presupuesto más alto de su
historia, 82 mil 900 millones de pesos, cuando se sabe que el incremento de 10
por ciento respecto a 2013 proviene de recursos tomados de programas de otras
secretarías.
El
presidente dijo que convocaría a “foros y espacios de diálogo y propuestas a
organizaciones campesinas, a los propios campesinos, y todos quienes están
inscritos bajo las tres modalidades de régimen de propiedad que consagra
nuestra Constitución, para conocer su experiencia.”
El
secretario de agricultura Enrique Martínez, menos obligado a cuidar las formas,
declaró el 14 de enero que uno de los caminos para elevar la productividad del
campo es “buscar en esas reformas jurídicas un tránsito más rápido de la
propiedad social a la propiedad privada”, y lamentaba, muy preocupado, que
“desde que se hizo la reforma de 1992 al 27 constitucional, solamente el 3% de
la propiedad ha pasado de un régimen a otro”.
No hace
falta gran imaginación para prever el sentido de la reforma anunciada. El
gobierno, una administración tras otra, se ha mostrado flojito y cooperando al
facilitar la entrega de recursos y territorios, reformando leyes y cancelando
derechos de la población para abrir los espacios exigidos por la inversión
extranjera de la industria extractiva trasnacional. Es el caso de concesiones y
contratos otorgados a empresas mineras y petroleras.
Nada más
adecuado para tales propósitos que privatizar el ejido y la propiedad comunal
—régimen social de tenencia de la tierra que abarca aún a la mitad del
territorio nacional—, disfrazados bajo el discurso de hacer del campo “un
espacio digno para quienes viven y dependen de él”.
Las
intenciones gubernamentales quedan más claras cuando se analiza el contenido de
las iniciativas de leyes secundarias de la reforma energética presentadas
recientemente al Congreso, en las que, por ejemplo, el Artículo 91 de la
iniciativa de Ley de Hidrocarburos establece:
"La
industria de Hidrocarburos a que se refiere esta Ley es de utilidad pública.
Procederá la constitución de servidumbres, la ocupación o afectación
superficial, o la expropiación de los terrenos necesarios para la realización
de las actividades de la industria de Hidrocarburos, conforme a la Ley de
Expropiación y demás disposiciones aplicables en los casos en los que la Nación
lo requiera."
De ese modo
los territorios de ejidos y comunidades pasarán fácilmente a poder de las
empresas trasnacionales al darle la reforma prioridad a la explotación de
hidrocarburos, la cual "tendrá preferencia sobre cualquier otra actividad
que implique el aprovechamiento de la superficie y del subsuelo".
Saldos del TLCAN
Las
condiciones del campo mexicano ya son de por sí lamentables. Después de 20 años
de libre mercado, la sociedad rural mexicana está exhausta. La apertura
comercial unilateral y abrupta más la eliminación del sistema de precios de
garantía crearon una situación en la que los costos de producción superaron a
los precios de los productos, causando la caída en la rentabilidad de las
actividades agropecuarias.
El
desmantelamiento de las políticas públicas de fomento a la producción campesina
convirtió al país en importador neto de alimentos e incrementó la pobreza en la
sociedad rural. El campo cuenta con unos 30 millones de habitantes: 81% pobres,
37% en pobreza extrema; de los 28 millones de hambrientos en el país, casi 20
millones viven en el campo.
De los
apoyos gubernamentales que sobreviven, más del 60 por ciento benefician a sólo
17 mil de los más de seis millones de productores del campo.
La economía
se fue a pique. De 1934 a 1982 el PIB había crecido a una tasa media superior
al 6 por ciento anual. En la etapa del Tratado de Libre Comercio de América del
Norte, la tasa media de crecimiento anual del PIB por habitante es menor a 1%.
También se profundizó notablemente la desigualdad social.
En términos
de comercio exterior, el gran derrotado ha sido el sector agropecuario mexicano
que pasó de una balanza comercial positiva en 1991 (cuando México exportaba a
EEUU 2,373 millones de dólares e importaba 2,131), a una negativa en 2012
cuando exportó 18 mil 219.771 mdd e importó 22 mil 255.440 (déficit de más de 4
mil mdd). En enero de este año el déficit ascendía a tres mil 195 mdd, con
importaciones totales por más de 30 mil mdd.
Los grandes
ganones del TLCAN son la agroindustria cervecera y tequilera que concentra
alrededor del 20% de las exportaciones, el sector hortícola (28%), el del
ganado bovino en pie (6.3%) y las maquiladoras, la mayor parte de estos
sectores concentrada en grandes productores nacionales y extranjeros.
La
producción de granos y oleaginosas creció por debajo del incremento
poblacional. De 1985 a 2008 la población se incrementó en 40.7% y la producción
en 26.8%.
La
importación legalmente registrada de maíz pasó de 2.6 millones de toneladas en
1995, a más de 10 millones el año pasado.
En arroz, de
1989 a la fecha, vino de la autosuficiencia a producir sólo 10% del consumo
interno del grano (un millón 200 mil toneladas).
En el caso
de la leche en polvo, México es el primer importador del mundo; compra además
al exterior el 95 por ciento del soya que consume, el 53 por ciento del trigo,
el 40 por ciento de la carne de res y cerdo, el 30 por ciento del frijol. La
dependencia alimentaria admitida oficialmente es de 45%.
Debido al
retraimiento y desaparición de instituciones como Conasupo, Diconsa y Almacenes
Nacionales de Depósito, el mercado interno ha quedado en manos de las
trasnacionales y la comercialización agroalimentaria fue monopolizada.
El resultado
de la política agropecuaria durante la vigencia del modelo neoliberal ha sido
la extensión y consolidación del control de Estados Unidos sobre el mercado
agroalimentario mexicano. El abasto de alimentos en las grandes ciudades está
en manos de Walmart, en tanto Cargill y un puñado de empresas concentran más
del 60 por ciento de la comercialización de los cultivos básicos.
Monsanto,
DuPont y un puñado de trasnacionales monopolizan el mercado de semillas y
presionan fuertemente para introducir su maíz transgénico.
El aumento
de conflictos sociales y violencia en el país está directamente relacionado con
la puesta en marcha de las políticas de libre mercado pues la devastación
económica y ambiental que han producido arrebata a la gente sus medios de
subsistencia tradicional y la arroja a las actividades criminales y la economía
informal.
El libre
mercado modificó los patrones de alimentación y consumo. La presente generación
ha sido seriamente dañada, un 70 por ciento de las personas padecen sobrepeso y
obesidad, y durante buena parte de su vida sufrirán alguna discapacidad y eventualmente
morirán pronto a causa de diabetes o enfermedad cardiovascular.
En los
primeros cinco años de vigencia del TLCAN, de 1994 a 1998, la inversión directa
de EE.UU. en las industrias de alimentos y bebidas de México casi se
cuadruplicó, pasando de 2.3 a cerca de 9 mil millones de dólares. Entre 2002 y
2007, la inversión directa estadunidense en las empresas de bebidas mexicanas
se elevó a casi 6 mil millones con un 35 por ciento de incremento.
En 2012, los
cereales industrializados, aceites y derivados cárnicos asociados con la
obesidad, la diabetes y otras enfermedades relacionadas con la dieta
representaron el 75 por ciento de las importaciones desde los Estados Unidos.
En síntesis,
tenemos un país dominado por el gran capital trasnacional, con pérdida de
soberanía alimentaria, y con una sociedad rural desarticulada, diezmada por la
migración y el crecimiento de la pobreza y el hambre.
Esta es la
situación que el gobierno pretende enfrentar con la privatización de
territorios ejidales y comunales.
En defensa
del ejido y la comunidad campesina
En cambio,
los representantes de la clase campesina organizada demandan restituir a la
propiedad ejidal el carácter de patrimonio familiar imprescriptible,
inalienable e inembargable y eliminar la facultad de las sociedades mercantiles
de poseer predios rústicos.
La
contrarreforma del 6 de enero de 1992 que modificó el Artículo 27
Constitucional, además de desaparecer las garantías mencionadas, autorizó que
las empresas sean propietarias de predios 25 veces mayores a los límites de la
pequeña propiedad, con lo cual pueden concentrar superficies de 2 mil 500
hectáreas de riego, 20 mil de bosque y 312 mil para explotación ganadera.
El ejido es
una dotación de tierra en calidad de propiedad social de uso individual o
colectivo que tiene raíces prehispánicas y recibió impulso con el reparto de
latifundios en el Siglo XX, una de las principales banderas de la Revolución
Mexicana, consolidada en la década de los 30, en el gobierno del general
Cárdenas.
Ahora en el
campo existen unos 31 mil ejidos y comunidades, con 5.6 millones de sujetos de
derecho, 3.8 millones de jornaleros, 2.4 millones de avecindados y 1.4 millones
de posesionarios.
El modelo
neoliberal a partir de los años 80 agudizó la crisis del campo y provocó otra
fase de concentración de tierras en manos de los antiguos latifundistas
mediante el arrendamiento de parcelas ejidales, de ahí que una de las demandas
del movimiento campesino sea dotar de fondos al Programa para Recuperación de
Tierras Ejidales Rentadas.
Otro punto
de consenso unánime es el financiamiento accesible para los pequeños y medianos
productores mediante una banca de desarrollo para el campo.
La lista
incluye elevar a rango constitucional la soberanía alimentaria, incentivar el
establecimiento de prácticas agroecológicas y prohibir todo cultivo de maíz
transgénico en territorio nacional.
Reglamentar
los derechos constitucionales a la alimentación, al ambiente sano y al agua así
como la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, aprobada desde el año 2000.
Crear un
Programa Nacional Alimentario basado en la producción social de alimentos para
acabar con el hambre y la dependencia alimentaria y crear una reserva
estratégica de alimentos y un sistema de abasto, almacenaje y comercialización.
Demanda
imprescindible es erradicar los monopolios agroalimentarios nacionales y
extranjeros y regular la exportación e importación de granos básicos así como
cambiar de fondo la orientación del gasto público rural.
La reforma
al campo deberá garantizar los derechos de los pueblos indígenas y solucionar
los conflictos mineros en favor de las comunidades y hay quienes están
convencidos de que muchas de estas demandas no podrán avanzar sin renegociar el
TLCAN con el fin de cancelar su capítulo agropecuario.
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