Mientras en México bailamos al son que nos toca el FMI y el FONDO MONETARIO INTERNACIONAL, en contubernio con el Estado Mexicano, en Islandia dijeron BASTA... y pusieron las cosas en su lugar...
A principios de 2009, el pueblo islandés, al borde del
colapso económico y financiero, se echó a la calle y dijo basta. El Gobierno
dimitió y la pequeña isla nórdica se entregó a la difícil tarea de responder
ante una crisis capitalista sin precedentes haciendo justo lo contrario de lo que
estaban haciendo los demás.
Los islandeses se negaron a rescatar a la banca y votaron en
contra de pagar sus deudas con dinero público, persiguieron judicialmente (y,
en algunos casos, llegaron a encarcelar) a los banqueros y políticos
responsables, hicieron caso omiso de las amenazas de los mercados
internacionales y de las malas notas de las agencias de calificación de riesgo,
redactaron una nueva constitución a través de las redes sociales y, quizá lo
más importante, consiguieron negociar con el FMI una salida adaptada a sus
propios planteamientos.
¿El resultado? Tres años después de lo que se vino en llamar
la “revolución islandesa”, el país no solo no ha regresado a la Edad Media
convertido en un paria del sistema, sino que está empezando a ver, lentamente,
la luz al final del túnel. En 2011 la economía islandesa creció un 2,5% (la
eurozona solo el 1,6%), y, según las previsiones de la Comisión Europea
presentadas el pasado mes de noviembre, Islandia crecerá en 2012 un 1,5%, el
triple que los países de la zona euro (1,8%), llegando a alcanzar en 2013
incluso el 2,7%.
Eso no significa que todo sea de color de rosa. El paro, que
se situó el pasado mes de diciembre en el 7,3%, sigue en tasas que resultan
escandalosas para un país en el que a principios de los años noventa tan solo
el 2,5% de la población estaba sin trabajo, después de décadas de pleno empleo.
La deuda exterior bruta supera el 330% del PIB y la mayoría de los islandeses
arrastra préstamos que difícilmente podrán pagar (según el banco central
islandés, 25.000 propietarios están atrasados con sus pagos, lo que supone un
cuarto de los propietarios de la isla). Los acreedores internacionales, además,
no han renunciado a cobrar, y siguen dispuestos a pasar por los tribunales
internacionales si hace falta. Y miles de jóvenes, muchos de ellos muy
preparados, siguen emigrando.
Pero Islandia ha conseguido mantenerse a salvo de recortes
draconianos y proteger la mayoría de sus logros sociales, y el estado del
bienestar no se ha desmoronado. Tal vez no pueda hablarse aún de “milagro
islandés”, pero el país está asomando la cabeza, y lo está haciendo sin aplicar
las recetas que los organismos europeos e internacionales han impuesto a otros
países machacados por la crisis de la deuda, como Grecia, Italia, Portugal,
Irlanda o España.
También es cierto que el sector público en Islandia es
reducido, con salarios más bajos que en el sector privado, con lo que es más
fácil reestructurarlo. Y además está el factor fundamental de que, al no
pertenecer a la zona euro ni estar sometida a los dictados del Banco Central
Europeo, Islandia pudo devaluar su moneda para hacer frente a la crisis y
controlar el movimiento de su capital, asumiendo el riesgo de una inflación que
alcanzó el 5,2% en 2011, solo por debajo de la de Turquía entre los países
miembros de la OCDE.
Y probablemente sea también más fácil conseguir que resulte
eficaz una democracia a base de referendums en un país de 103.000 kilómetros
cuadrados cuya población es de 318.452 habitantes.
En cualquier caso, Islandia parece haber demostrado que hay
otra forma de enfrentarse a la crisis. Estas son, paso a paso, las claves de
cómo lo ha hecho:
Del paraíso neoliberal al infierno de la deuda
A principios de 2008 Islandia fue elegida por la ONU como el
mejor lugar del mundo para vivir. Era, sin embargo, el final de una época. Tras
años de bonanza económica, con créditos a mansalva (dentro y fuera del país),
permisividad total en el sistema financiero, deudas cada vez mayores en las
familias, burbuja inmobiliaria y gasto descontrolado, el sobrecalentamiento de
la economía islandesa provocó un colapso total en octubre de ese mismo año,
debido al hundimiento del sector bancario, que tuvo que ser nacionalizado.
Los bancos, no obstante, aún siendo los principales
culpables, no fueron los únicos: Sus excesos habían sido apoyados por las
políticas económicas de gobiernos neoliberales que, votados democráticamente
por los ciudadanos, se mantuvieron en el poder durante una década, y, además,
buena parte de la propia sociedad islandesa no solo no se opuso sino que
aprovechó la expansión financiera para vivir y gastar muy por encima de sus
posibilidades.
La rebelión
En enero de 2009 conmenzaron las protestas de miles de
islandeses contra el Gobierno y el Banco Nacional, mientras se derrumbaba la
economía, la inflación y el paro se disparaban, y la moneda alcanzaba mínimos
históricos.
Las negociaciones entre Islandia, Holanda y el Reino Unido
para que Reikiavik indemnizase a los ahorradores de estos dos países que
perdieron sus inversiones con la quiebra del banco Icesave fracasaron en
febrero de 2010, y, por dos veces, en marzo de ese mismo año y en abril de
2011, los islandeses rechazaron en referéndum la ley que habría permitido una
indemnización de 3.700 millones de euros a los ahorradores británicos y
holandeses.
Las protestas populares provocaron en enero de 2009 la caída
del gobierno de coalición conservador-socialdemócrata. La izquierda, en una
coalición entre socialdemócratas y “rojiverdes”, gobierna con mayoría absoluta
desde 2009 un país que negocia su entrada en la Unión Europea, complicada por
la disputa que mantiene con el Reino Unido y Holanda.
Que cada palo aguante su vela
A diferencia de lo ocurrido en otros países europeos, con
rescates millonarios de dinero público a la banca, en Islandia, cuando los
bancos se desplomaron, se les dejó quebrar. En realidad, sus deudas eran tan
grandes que tampoco había muchas más opciones.
Pero la cosa, sin embargo, no quedó ahí: Los responsables de
la crisis, financieros y políticos, incluyendo al ahora exprimer ministro, Geir
H. Haarde, fueron llevados ante la justicia, y cuatro banqueros, que ahora
están libres a la espera de juicio, fueron encarcelados. Haarde se arriesga a
una pena de dos años cárcel, después de que el Parlamento islandés diera luz
verde al proceso, siguiendo el consejo del informe de una comisión
investigadora creada para determinar las responsabilidades en la crisis.
La receta del FMI, a la carta
En octubre de 2008, invitado por el Gobierno de Islandia,
llega a al país el subdirector del Departamento Europeo del Fondo Monetario
Internacional, Poul M. Thomsen, para ofrecer al Ejecutivo la asistencia de este
organismo. Como escribiría después el propio técnico, “la sensación de temor y
el estado de shock eran evidentes; pocos países, o ninguno, había experimentado
jamás un colapso económico tan catastrófico como ese”.
La primera preocupación del FMI fue, como de costumbre, la
inflación. El Fondo temía que una depreciación desordenada del tipo de cambio
fuese ruinosa para los hogares y las empresas, y que la retirada masiva de
depósitos paralizara lo poco que quedaba del sistema financiero.
Finalmente, sin embargo, el FMI renunció a imponer sus
recetas habituales y acordó con el Gobierno islandés, por un monto de 2.100
millones de dólares (casi 1.528 millones de euros), un programa que, en
palabras del propio organismo internacional, “proporcionó el margen de maniobra
necesario a las autoridades para determinar la mejor manera de hacer frente a
los enormes desafíos y tareas pendientes, con la ayuda de los compromisos de
préstamo de los países nórdicos y de Polonia”.
“Las autoridades -explicó Thomsen- se comprometieron a
implementar las medidas acordadas, pero quisieron hacerlo a su manera. Uno de
los objetivos primordiales del gobierno era proteger el estado de bienestar, y
ese objetivo se ha cumplido”. Según dijo recientemente el ministro islandés de
Economía, Árni Páll Árnason, “la cooperación con el FMI ayudó a preservar el
modelo nórdico de bienestar de mi país”.
Medidas “poco convencionales”
El FMI admite que tuvo que utilizar “herramientas de
política al margen del conjunto de herramientas tradicionales”, aunque, eso sí,
se cura en salud y aclara que “esta combinación ecléctica de políticas ha sido
eficaz en el caso de Islandia, pero no está claro si las enseñanzas aprendidas
en este caso podrían aplicarse a otras regiones, como a la zona del euro afectada
actualmente por la crisis”.
El plan acordado entre el Gobierno islandés y el FMI incluyó
cuatro puntos fundamentales:
- Asegurar que las pérdidas de los bancos no sean absorbidas
por el sector público (el Estado sí ha intervenido para garantizar que los
nuevos bancos creados estén suficientemente capitalizados, pero quedó al margen
de las enormes pérdidas del sector privado).
- Estabilizar el tipo de cambio, incluyendo “medidas no
convencionales”, como controles temporales al movimiento del capital (una
especie de ‘minicorralito’ financiero, para controlar el flujo de moneda y
evitar la evasión de grandes fortunas).
- Retrasar el ajuste fiscal (consistente en tratar de
recuperar la estabilidad económica mediante subidas de impuestos y recorte del
gasto público), con el fin de “apuntalar la economía en un momento de grandes
tensiones” (en 2009 se subieron finalmente algunos impuestos, como el de las
personas físicas o impuestos especiales -alcohol, gasolina-, pero también se
bajaron otros, como el de sociedades, para fomentar la inversión y la creación
de empleo. Por otra parte, también ha habido recortes de gasto en sanidad, educación,
pensiones y administración del Estado, aunque comparativamente mucho menores
que en otros países afectados por la crisis).
- Reconstruir desde cero el sector financiero.
Los resultados
Las primeras consecuencias fueron muy duras: La mayoría de
los productos que se consumen en Islandia son importados, de modo que cuando la
moneda se devaluó, los precios (coches, comida, materiales para la
construcción) se dispararon, al tiempo que disminuían los salarios, los cajeros
automáticos no daban dinero y crecía el desempleo hasta niveles históricos. Y
el grifo del crédito internacional se cerró.
En junio de 2011, sin embargo, el Gobierno islandés logró
emitir bonos soberanos por un valor de 1.000 millones de dólares, lo que marcó
el regreso del país a los mercados financieros internacionales.
Además, aunque el nivel de deuda pública (100% del PIB) es
mucho mayor que antes de la crisis (28%), la aplicación de un programa de
consolidación ha vuelto a poner a la situación fiscal del país en una
trayectoria sostenible, según el propio FMI, y se ha reducido el nivel de
endeudamiento privado (empresas y familias). Con respecto a los bancos, el
valor de sus activos se ha reducido desde un 1000% a un nivel equivalente a
alrededor del 200% del PIB, y ahora están totalmente recapitalizados.
Por otra parte, el paro, aunque sigue alto, empieza a
frenarse y, lo que tal vez sea lo más importante para muchos islandeses, su red
de seguridad social ha permanecido intacta.
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