El poder real en Jalisco.

Por: Román Munguía Huato

  

De los innumerables problemas sociales muy graves que no da cuenta para nada el Informe de Aristóteles Sandoval Díaz es el laboral, ¿qué podría informar? Él y sus asesores, ideólogos, intelectuales orgánicos, pregoneros publicitarios, mercadólogos, etcétera, al parecer, viven en otro mundo y desconocen la realidad existente de millones de trabajadores jaliscienses del campo y la ciudad. ¡Cómo si no existiera ningún problema de la población trabajadora en la entidad! Si bien es cierto que podemos reconocer una pequeña preocupación gubernamental por atajar en algunos casos la súperexplotación de jornaleros agrícolas, incluidos la de los niños en estos menesteres dramáticos de supervivencia familiar, tales intervenciones de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social son minucias comparadas con aquellas cuestiones que requieren una urgente política estructural hacia la búsqueda de justicia de los derechos humanos laborales.

El gravísimo problema del desempleo masivo, el de la súperexplotación de decenas de miles de trabajadoras de la industria maquiladora electrónica, el de los jubilados con pensiones miserables, incluida la precariedad de los adultos mayores exbraceros, el de millones de operarios sin prestaciones sociales, etcétera, son cuestiones que no merecen ninguna preocupación real del gobierno estatal. Todo está bajo control, parece ser la idea de los gobernantes en turno y del ejército de operadores charros sindicales para mantener el “orden y la paz social” tan necesarios en estos tiempos ultraviolentos causados por un capitalismo salvaje que requiere del máximo de explotación de la fuerza de trabajo que en la entidad se estima en poco más de tres millones de asalariados.

El Informe de Aristóteles Sandoval no da cuenta para nada del dramático y desolador panorama laboral. Todo está bajo control, se repiten a sí mismos los operadores políticos y los charros encargados del corporativismo sindical y del clientelismo político-electoral. Desde luego, dentro de esta visión edulcorada el outsourcing debe verse como algo natural y necesario para atraer las grandes inversiones de capital extranjero –inversión extranjera directa (IED)–, propio de la competitividad económica global que jalona el mercado a costa de la extrema precariedad de vida y de las condiciones laborales humillantes e indignas del pueblo trabajador jalisciense. ¡Todo está bajo control! Incluidas las formas de sometimiento laboral de las mujeres en las maquiladoras. También las de los operarios de las grandes transnacionales como los de la empresa automotriz Honda en el corredor urbano-industrial de Guadalajara-El Salto ¡Todo está bajo control! ¡A “charrazo” limpio!, a punta de golpes y represión a los trabajadores que luchan legítimamente por sus derechos laborales y tener auténticas organizaciones gremiales representativas de sus intereses económicos, salariales, laborales, y políticos.

¿Quién o quienes tienen el poder político real en Jalisco? Es decir, ¿quién o quienes deciden el verdadero quehacer político? Esa es la pregunta que debemos hacer claramente para poder responder objetivamente sobre lo que está sucediendo en los hechos en la entidad. Todo parece indicar que no es el gobierno de Aristóteles Sandoval Díaz, el poder formal, sino que el poder real lo detentan visiblemente los grandes empresarios locales y extranjeros. La oligarquía local, incluida la extranjera, es la que tiene el sartén por el mango, por así decir. Un poder de minorías opulentas. Por eso está la situación como está: un verdadero desastre social.

El martes pasado, en rueda de prensa, el Sindicato de Trabajadores Unidos de Honda México (STUHM) señaló a Aristóteles Sandoval Díaz y al secretario general de Gobierno, el también priista, Arturo Zamora Jiménez, de haber ordenado la detención de tres de sus agremiados –incluido Aldo Santana, un activista solidario– el 5 de febrero por la policía municipal de El Salto. Ese día fueron arrestados cuando repartían solamente propaganda informativa sobre un amparo obtenido por el sindicato el 24 de enero pasado, en el que un Tribunal Colegiado ordenó a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje a reconocer el derecho de los trabajadores de la compañía trasnacional a formar un sindicato. ¿Es delito volantear? Los trabajadores fueron rociados con gas lacrimógeno, golpeados y quemados con cigarros, incluso se les amenazó de incriminarlos, sin prueba alguna, de “intento de homicidio”. Los policias se jactaron con los detenidos, en un afán intimidatorio, de que era una orden mandada desde muy arriba, que tenían el “encarguito de torcerlos”, que la orden salió de los patrones políticos Sandoval Díaz y Zamora Jiménez. Todo parece indicar, entonces, que la orden salió de la planta de Honda. José Luis Solorio, secretario general del STUHM, manifestó que esta detención arbitraria es un claro ejemplo de que el PRI no quiere que se constituyan sindicatos independientes ni en Honda ni en alguna otra empresa. Aseguró que existe un acuerdo entre los directivos de Honda, las autoridades estatales y la Confederación de Trabajadores Mexicanos (CTM) para impedir que el STUHM sea conformado, y exigir el recuento para tener la titularidad del Contrato Colectivo de Trabajo.

¡Todo está bajo control!, parece ser la máxima política del gobierno en turno en materia laboral en una entidad donde los trabajadores carecen de los elementales derechos constitucionales para protección y resguardo de sus propios intereses económicos y políticos. La política del silencio gubernamental es muy elocuente de aquellos problemas sociales que no se quieren o no se pueden resolver. La democracia brilla por su ausencia y se trata de ocultar una realidad infamante de una esclavitud moderna y de una pobreza social lacerante y creciente; seguramente así “Jalisco avanza rumbo a su nueva historia”; un sendero luminoso neoliberal.